Los imperdonables

AGUSTíN EDWARDS

Los atentados y restricciones a la libertad de expresión durante la dictadura fueron los más duros y extensos en la historia de Chile. Desde el mismo día del golpe se cerraron y se expropiaron medios. Centenares de periodistas debieron salir al exilio. Decenas fueron detenidos y torturados y algunos hasta asesinados, como el editor de Análisis José Carrasco.

Sin embargo, los medios que subsistieron -El Mercurio, La Tercera, Qué Pasa, Ercilla y La Nación- nada dijeron al respecto, salvo para justificar los hechos en toda su dimensión. De ahí que el Informe sobre Prisión Política y Tortura sostenga que los medios de comunicación durante la dictadura "constituyeron un soporte cotidiano del gobierno".

Como caso emblemático, el informe reproduce un editorial de El Mercurio del 5 de octubre de 1973, en el cual se afirma que la actuación de los servicios de seguridad estaba "plenamente justificada" porque el país se encontraba en guerra. También alude a un editorial de Las Ultimas Noticias, de abril de 1978, en el que se celebraba el "buen criterio, ponderación y responsabilidad" con que actuaba el régimen.

El informe no lo incluye, pero resulta memorable también un titular de La Segunda, de junio de 1975, que dio cuenta de la muerte de 119 chilenos que a esa fecha figuraban en las listas de detenidos desaparecidos: "Miristas se matan como ratas". Sobre el mismo caso, hoy conocido como Operación Colombo, El Mercurio publicó que "estos seudo detenidos o secuestrados son transportados a Argentina a fin de que se incorporen a movimientos guerrilleros y, tras recibir adiestramiento, son retornados a Chile".

Todos estos medios estaban en las manos y bajo la atenta mirada de su dueño, Agustín Edwards Eastman. El 'Duny', como le llaman sus cercanos, no ha hecho ningún gesto de arrepentimiento.

La Tercera también hizo lo suyo y reprodujo esta noticia tal y como la presentó la DINA en sus comunicados. Incluso fue más allá. Sostuvo que el hallazgo de los cadáveres "ponía en descubierto las burdas maniobras con que los elementos de izquierda se preparaban para esperar a la llamada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", agregando que Amnesty International "no tendrá otra cosa que borrar sus nombres de la lista de personas desaparecidas en Chile". El director de La Tercera a esa fecha era Alberto Guerrero.

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JAIME GUZMÁN

El asesinado senador fue de los primeros civiles en ponerse a disposición de los militares. No ejerció cargo de autoridad en el gobierno, pero operó en las sombras; al principio, como principal asesor y consejero de la Junta Militar y de Pinochet -a quien incluso le escribía sus discursos- y, tiempo después, como miembro de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución y luego de la Comisión de Estudios de Leyes Orgánicas Constitucionales, que dieron sustento jurídico al régimen.

Sólo días después del golpe de Estado, en una de sus primeras minutas a la Junta, Guzmán marcaba la pauta de la brutalidad con que actuaron los servicios de seguridad: "El éxito de la Junta está directamente ligado a su dureza y energía, que el país espera y aplaude. Todo complejo o vacilación a este propósito será nefasto. El país sabe que afronta una dictadura y lo acepta... Transformar la dictadura en dicta-blanda sería un error de consecuencias imprevisibles".

El fundador del gremialismo y miembro de Patria y Libertad (entre 1970 y 1972), tenía en mente desde los inicios del régimen la creación del movimiento que en 1983 se convirtió en la UDI, un partido a la medida del régimen. De hecho él mismo lo definió como "un nuevo movimiento cívico-militar que respalde a la Junta y dé prolongación fecunda y duradera a su gestión", cuando propuso su creación, en otro memorando a la Junta fechado en octubre de 1973. Tiempo después, en 1978, los gremialistas se declararon abiertamente pinochetistas.

Fue así que el gremialismo -y UDI después- se levantó como el principal grupo de poder de la dictadura. La historia se encarga de confirmarlo. Los nueve senadores de la UDI en ejercicio fueron funcionarios de Pinochet y la mayoría de sus diputados fueron alcaldes designados o directivos de la Secretaría Nacional de la Juventud. Todos los presidentes que la UDI ha tenido fueron también funcionarios del régimen: Julio Dittborn fue director de Pro Chile, director de la Refinería de Con Con y subdirector de Odeplan, Jovino Novoa fue subsecretario de Gobierno y Pablo Longueira fue asesor del ministerio de Vivienda y Urbanismo.

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JOVINO NOVOA

Después de conocer el Informe Valech, Jovino Novoa dijo que los civiles que cumplieron funciones en la dictadura no tenían causa, razón o motivo para sentirse avergonzados o arrepentidos. "La participación de los civiles significó una mejoría notable en la situación de los derechos humanos", sostuvo, refiriéndose a la "civilización" del régimen iniciada en 1978, cuando la DINA fue reemplazada por la CNI y asumió el ministerio del Interior el hoy senador por la UDI Sergio Fernández. Mérito que también le correspondería, porque él entró al gobierno militar en junio de 1979.

Pero si bien el Informe Valech sostiene una baja numérica de las prácticas de tortura después de esa fecha, igualmente consigna que de ahí en adelante el sistema de violación de los derechos humanos "se caracterizó por un mayor refinamiento", tanto en el uso de instrumentos jurídicos que facilitaron la tortura como en el empleo de aparatos más sofisticados, que permitían graduar el voltaje de la electricidad que aplicaba a las víctimas.

"La autorización para mantener incomunicados a los detenidos por largos períodos ...favorecía la aplicación de torturas", afirma el informe. Y esas autorizaciones venían del Ejecutivo en el que Novoa participaba.

Mientras Novoa fue subsecretario General de Gobierno, en esas dependencias se planeó el asesinato de Tucapel Jiménez. Y, según afirmó el hijo del sindicalista a LND, Novoa fue quien "dio la orden de perseguir y amedrentar" a su padre. El crimen lo ejecutaron miembros de la Secretaría Nacional de los Gremios, que estaba a su cargo. Los tribunales no encontraron razones para juzgar a Novoa.

Además del control de la Secretaría de los Gremios, la Segegob tenía a su cargo la Secretaría Nacional de la Mujer y de la Juventud y la movilización de civiles para los actos del régimen. También le correspondía ejercer el control de los medios de comunicación, que incluía el nombramiento de ejecutivos y directores en TVN y La Nación, la censura previa ejercida por Dinacos y la implementación de la política comunicacional.

Al término de sus servicios en el aparato de gobierno, Novoa asumió como jefe de servicios informativos de El Mercurio.

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RICARDO GARCÍA

Ricardo García Rodríguez reemplazó a Sergio Onofre Jarpa en el ministerio del Interior en febrero de 1985, implementando una política aún más dura que la de su antecesor. Debutó en el cargo con el caso degollados, ocurrido en marzo del mismo año, que terminó con tres profesionales comunistas muertos y abandonados en un camino en Quilicura y determinó la salida de la Junta Militar del director general de Carabineros César Mendoza. Al mes siguiente fue secuestrada la sicóloga Carmen Andrea Hales, hija del ex ministro de Minería Alejando Hales y hermana del diputado Patricio Hales.

En julio de 1986, durante la represión de una protesta, son quemados vivos los jóvenes Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri, quien fallece a consecuencia de las lesiones.

Tras el atentado contra Pinochet, en septiembre de ese mismo año, García decreta el estado de sitio. La medida se tradujo en allanamientos masivos y diversas operaciones en toda la Región Metropolitana, con más de un centenar de detenidos; entre ellos, el ahora Presidente Ricardo Lagos, el actual diputado Patricio Hales, el ex ministro Germán Correa, entonces dirigente del MDP, y el sacerdote Rafael Maroto. Simultáneamente decretó el cierre de las revistas Análisis, Apsi, Hoy, Cauce y La Bicicleta, del diario Fortín Mapocho y las agencias Ansa, Reuter y Latín Reuter.

En la madrugada del 9 de septiembre fueron detenidos en sus domicilios el editor internacional de Análisis José Carrasco, el electricista Felipe Rivera, el publicista Abraham Muskatblic y Gastón Vidaurrázaga. Al día siguiente aparecieron los cuerpos de los cuatro infortunados, con 15 balazos cada uno.

En 1987, poco antes de abandonar el cargo, Ricardo García firma el requerimiento en contra del dirigente socialista Clodomiro Almeyda.

Su hermano, Juan Ignacio García, fue designado director del Servicio Electoral cargo que desempeña hasta hoy.

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CURA HASBÚN

Entre las víctimas de la dictadura se cuentan cuatro sacerdotes asesinados: Miguel Woodward, Juan Alsina, Gerardo Poblete y André Jarlán. Otro, Antonio Llidó, engrosó las listas de los desaparecidos tras ser detenido por la DINA en 1974. Decenas de curas y monjas sufrieron tortura en centros de detención y centenares debieron abandonar el país con órdenes de expulsión.

Mientras todo esto ocurría, Hasbún se dedicaba a dar sus opiniones por las pantallas de canal 13, en las páginas de El Mercurio y en radio Agricultura. Desde allí apoyó y alentó a las fuerzas de seguridad y al régimen en general. También fue un ferviente defensor de Colonia Dignidad. El Informe Valech señala que "hubo testimonios que coincidieron en señalar que algunos detenidos por la DINA o la CNI fueron trasladados a la Colonia Dignidad. Ex detenidos la mencionan como centro de detención y tortura".

Hasbún sostuvo en su oportunidad que Chile debía estar "agradecido" de la DINA, que el sufrimiento de Pinochet en Londres era similar al de Jesucristo y que el juez Garzón era un "sinvergüenza". En una de sus últimas intervenciones en Canal 13, dijo que los socialistas son "intrínsecamente antipatrias" y "parásitos que profitan chupando la sangre ajena". Hoy sigue haciendo de las suyas en las pantallas del Mega, el canal de Ricardo Claro.

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SERGIO ONOFRE JARPA

Sergio Onofre Jarpa es uno de los 39 extraditables del juez Garzón. Este fundador de RN y ex presidente del partido fue delegado del régimen ante la ONU en 1974, embajador en Colombia y en Argentina y ministro del Interior entre 1983 y 1985. Su misión en esta cartera fue encabezar la apertura, la transición que terminaría por entregar el gobierno a la civilidad. En ese contexto inició el diálogo con la opositora Alianza Democrática, bajo los oficios del cardenal Juan Francisco Fresno. Pero ello no detuvo la ola de violencia política, todo lo contrario.

A sólo un día de haber asumido, el 11 de mayo de 1983, sacó 10 mil soldados a la calle para hacer frente a la primera protesta nacional. Hubo decenas de muertos y centenares de heridos, especialmente en las poblaciones más populares.

Su mandato estuvo lleno de hitos en la violación de los derechos humanos. La comisión Rettig consignó decenas de muertes a manos de los servicios de seguridad durante su período, algunas en acciones concertadas. Como la ocurrida el 7 de septiembre del mismo año, cuando la CNI ejecutó a cinco miristas en calle Fuenteovejuna y Janequeo. En este proceso, Jarpa declaró como inculpado. El 11 de noviembre de 1983, Sebastián Acevedo se quemó a lo bonzo en la plaza de Concepción, como una manera desesperada de exigir que la CNI liberara a sus dos hijos que estaban siendo torturados en recintos secretos. El hecho dio pie para la creación del Movimiento Nacional Contra la Tortura Sebastián Acevedo, que quiso oponer la no violencia a la brutalidad del régimen. Sus miembros fueron violentamente reprimidos en cada una de sus manifestaciones, no sólo por carabineros, sino también por los memorables "gurkas", civiles que se infiltraban entre los manifestantes y que hicieron su debut con Jarpa.

En agosto de 1984, tuvo lugar otro operativo simultáneo de la CNI en varias ciudades del sur, que dejó 7 miristas muertos.

Mientras Jarpa estuvo en Interior, se creó también la Dicomcar, el aparato de inteligencia de Carabineros, que operó impunemente durante este período, igual que el Comando de Vengadores de Mártires, Covema.

Jarpa tampoco trepidó en aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado para clausurar medios y aplicar una férrea censura a otros, que terminó con ediciones de revista Hoy, Apsi y Análisis con páginas en blanco. Las detenciones, amedrentamientos, golpizas y relegaciones de periodistas se hicieron cotidianas.

Jarpa dejó su cargo en medio del Estado de Sitio.

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AMBROSIO RODRÍGUEZ

El ahora presidente del Tribunal Supremo de RN, Ambrosio Rodríguez, comenzó sus servicios a la dictadura como encargado de los sumarios a los profesores de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, recién acaecido el golpe de Estado. Por esa vía expulsó al 80 por ciento de los docentes, aduciendo que impartían marxismo en sus clases.

En 1977 tuvo una oscura participación, en calidad de abogado de la familia, en la desaparición en Argentina del matrimonio chileno integrado por Jacobo Stoulman y Matilde Pessa. Pese a ser citado a declarar en varias oportunidades en este caso, nunca se presentó ante tribunales.

A poco andar se transformó en asesor jurídico del ministerio del Interior y, en esa calidad, en 1978, declaró a la prensa que "los supuestos desaparecidos" estaban viviendo en el extranjero con identidades falsas. En el mismo cargo, en 1980 representó al gobierno militar en la vista del recurso de amparo que buscaba dejar sin efecto la expulsión del país del DC Jaime Castillo Velasco, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y ganó la contienda.

Años después se le inventó el cargo de Procurador General de la República para darle más prestancia. Allí estaba cuando, en 1988, se ejecutó la Operación Albania, que terminó con 12 miembros del FPMR muertos a manos de la CNI. Para validar la tesis del enfrentamiento, que luego los tribunales se encargaron de desvirtuar, Rodríguez aseguró que todo se había hecho en presencia de un juez y un fiscal.

Tras el término de la dictadura, Rodríguez ha complementado sus actividades políticas con el ejercicio de su profesión de abogado, en la defensa de Augusto Pinochet, en Londres y Santiago; del ex director de la CNI Humberto Gordon; de los procesados en el Caso Degollados; de Augusto Pinochet junior en el caso Pinocheques; y en la mismísima Operación Albania.

También asumió la defensa del ex ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda Bravo, destituido por el Senado "por notable abandono de deberes" en el caso de Alfonso Chanfreau, desaparecido en 1974.

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MANFREDO MAYOL

Manfredo Mayol es en la actualidad uno de los samuráis de Lavín, encargado del manejo comunicacional de su candidatura. Misma función que cumple en la UDI, en donde ha tenido una importante participación en el manejo del caso Spiniak. En mayo de este año, tras la salida de Longueira de la presidencia del partido, Mayol obtuvo la primera mayoría como integrante de la nueva comisión política de la colectividad.

En tiempos de dictadura, Mayol fue vicepresidente de Radio Minería, director de Ercilla y ejecutivo de canal 13 y TVN. Para el golpe, Mayol era subeditor de prensa en canal 13 y el sacerdote Raúl Hasbún el director del medio. Cuando Hasbún dejó el cargo, en marzo de 1974, Mayol ascendió a editor. En 1978, para la consulta, era gerente de TVN.

Para el plebiscito del 88, era asesor del subsecretario de gobierno, coronel Alfonso Rivas, y fue uno de los convocados por el ministro del Interior Sergio Fernández para mejorar la franja del Sí, después que su primera edición alterara los ánimos de los pinochetistas. Fue uno de los creativos que puso a la ex esposa de Ricardo Lagos en la pantalla haciendo íntimas y duras críticas a su ex cónyuge. Lejos de repuntar, la franja del Sí perdió más adherentes.

A Mayol se le atribuye también la autoría de varios tongos comunicacionales ideados para distraer la atención pública de los hechos que ocurrían en el país. Uno de ellos es el exagerado despliegue de prensa para el paso del cometa Halley, que finalmente casi nadie vio. Otro, más ambicioso, fue en las apariciones de la virgen en Villa Alemana entre junio de 1983 y mediados de 1988, cuando las protestas contra el régimen ardían.

El compromiso de Mayol con el régimen fue más allá de su desempeño profesional como publicista. Mayol integró el Frente Juvenil que surgió como un movimiento de apoyo al régimen en la ceremonia de Chacarillas, en julio de 1977, y mantuvo estrechos vínculos con agentes de seguridad. De hecho, la propia defensa de Alvaro Corbalán Castilla, en el caso Operación Albania, aportó a tribunales la nómina de vistas registradas en su residencia la noche anterior a cometerse el crimen. Entre ellas estaba Manfredo Mayol.

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RICARDO CLARO

Ricardo Claro se integró al gobierno militar como asesor del canciller, contraalmirante Ismael Huerta, el 12 de septiembre de 1973. Días después acompañó a Huerta a Washington en lo que sería la primera intervención del régimen ante la Asamblea de la ONU. Su función fue bien específica: conseguir recursos económicos para el gobierno militar.

Para la realización de la sexta asamblea de OEA, en Santiago en 1976, Claro fue designado coordinador general del encuentro. Las violaciones de los derechos humanos fueron tema obligado y los esfuerzos de Pinochet y sus funcionarios dieron sus frutos: la resolución final hizo una tibia censura que El Mercurio transformó en apoyo total. El entonces presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo Velasco, y Andrés Zaldívar se las ingeniaron para hacer llegar a los delegados algunos documentos que denunciaban las muertes, desapariciones y torturas. Ricardo Claro los acusó de traidores y el régimen dispuso la expulsión de Castillo y la prohibición de ingreso de Zaldívar. Claro también estuvo presente en la reunión que Pinochet sostuvo con Henry Kissinger en aquella ocasión.

A Claro también se le ha vinculado en la detención y desaparición de un grupo de trabajadores de Elecmetal, empresa de su propiedad. Según ha relatado Mario Fernández, hermano de dos de las víctimas y ex trabajador de esa compañía, él mismo presenció cómo ellos fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri, para ser entregados a carabineros.

Hace un par de años Claro fue funado en las puertas de Megavisión. Los manifestantes aseguraron que Claro puso a disposición de las fuerzas de seguridad dos barcos de otra de sus empresas, la Compañía Sudamericana de Vapores, para ser usados como centros de detención y tortura. Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua. Muchos de sus "pasajeros" perdieron la vida. El otro, el Lebu, cumplió el rol de cárcel flotante y más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes.

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SERGIO DIEZ

El ahora presidente de RN fue delegado ante la Tercera Comisión de la Asamblea General ONU en 1975. Allí le tocó dar explicaciones por más de un centenar de chilenos que figuraban como detenidos desaparecidos en listas elaboradas por organismos de derechos humanos.

En su impecable labor presentó documentos para desmentir las acusaciones. Entre ellos, falsos certificados de autopsia emitidos por el Instituto Médico Legal que indicaban la muerte en enfrentamiento de algunas de las víctimas. En otros casos mostró certificados del Registro Civil que afirmaban que algunos "no tenían existencia legal en Chile".

La tienda de Diez tampoco está exenta de responsabilidad, pese a que a sus dirigentes les fascina sostener lo contrario, argumentando la "juventud" del partido. RN nació en plena dictadura. Su antecesor directo, el Movimiento de Unidad Nacional (MUN), encabezado por Andrés Allamand, fue digitado desde el gobierno en 1983 por el entonces ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa. La fundación de RN, en 1987, reunió al MUN con la UDI y el Frente Nacional del Trabajo, fundado por Jarpa cuando abandonó el gobierno, en 1985. Esta unidad se quebraría recién en 1988, cuando el plebiscito estaba ad portas.

Sus principales figuran tampoco nacieron ayer. De los siete senadores que hoy tiene RN, sólo Alberto Espina no participó en el régimen militar. Carlos Cantero fue alcalde designado; Mario Ríos Santander fue subsecretario general de Gobierno, director del área de salud de la Corporación Nacional de Desarrollo Social, asesor de los ministros de Salud y Hacienda, presidente de Chile Films y alcalde designado; Antonio Horvath fue director de Vialidad en Aysén y luego seremi de Obras Públicas; Baldo Prokurica fue intendente subrogante y gobernador; José García Ruminot fue seremi de Gobierno, jefe del Departamento Social de la Intendencia y alcalde designado; y Sergio Romero fue subsecretario de Agricultura.

Más de la mitad de sus diputados también tuvo cargos en el gobierno militar. Entre ellos, Alberto Cardemil, quien fue asesor del Ministerio de Agricultura, vicepresidente ejecutivo de Indap, representante del gobierno militar ante misiones especiales, subsecretario de Agricultura subrogante y subsecretario del Interior.

*Fuente: La Nación

Las AFPs y el Caso ENERSIS.La eterna lotería dónde siempre pierden los trabajadores chilenos.

Hace algunos años fue la crisis financiera internacional, luego vino un ligero repunte.Tras eso tuvimos el escándalo de La Polar y cuando ello aún no se supera, surge lo de ENERSIS. Los fondos de pensiones de los chilenos están en una permanente lotería, producto de este sistema previsional que los deja expuestos a maniobras anómalas y especulativas. El semáforo rojo lo ha encendido esta vez la filial chilena de ENDESA Espeña, que anunció este miércoles que sujetaría a la decisión de una Junta Extraordinaria, que se realizará en septiembre, un aumento en el capital social de hasta US$ 8.020 millones, suma que los accionistas minoritarios deberían aportar en recursos frescos, en tanto la controladora, lo hará con activos en empresas relacionadas. El solo anuncio de la operación hizo caer el valor bursátil de ENDESA, de forma que los cotizantes han perdido, entre jueves y viernes, unos 300 millones de dólares.

A consecuencia de esta información, los títulos del holding energético cayeron durante dos días consecutivos en la Bolsa de Santiago, sobre un 13% el jueves y un 3.6% el viernes.El mercado ha cuestionado la oportunidad de la operación, el incierto destino de los recursos y la existencia de sobrevaloración de activos y vinculación con empresas relacionadas. Se ha imputado, asimismo, que se trata de una hábil jugadatendiente a evitar los resguardos legales a favor de los accionistas minoritarios y a recoger en Chile recursos frescos que para la matriz española hoy son difíciles de conseguir en Europa.Como siempre, el pato de la boda, de ese juego fuerte de grandes apostadores son los trabajadores chilenos, cuyos ahorros previsionales son administrados por las AFP´s.Éstas cuentan con acciones que representan el 13% de ENERSIS. Como la baja en el valor bursátil de la firma en estos dos días ha sido cercano a los US$ 2.000 millones eso impacta gravemente en los fondos. Los cotizantes han perdido entre jueves y viernes unos 300 millones de dólares.Y esto no para. Las pérdidas podrían seguir incrementándose, pues las administradoras se encuentran ahora en la encrucijada de tener que concurrir al aumento de capital, aportando recursos a una cartera de proyectos inciertos y en condiciones leoninas o ver diluida su participación en la compañía.Es imprescindible la inmediata intervención de las Superintendencias de Valores y Seguros y de Pensiones, como también que las propias AFP’s agoten las acciones legales y administrativas tendientes a impugnar esta operación y resguardar el interés de los afiliados.Debe clarificarse los detalles del incremento patrimonial resguardando a los accionistas minoritarios y la eventualidad que ENDESA esté utilizando a la filial chilena para obtener financiamiento que hoy le resulta difícil recoger en el viejo continente y que quizás ni siquiera irá a proyectos, sino sólo a hacer caja o pagar dividendos.Es otra hoja en el largo libro de escándalos que afectan al sistema de capitalización individual. Apenas nos recuperábamos del desastre bursátil de La Polar, ahora tenemos éste.Año tras año los fondos de los afiliados se diluyen por este tipo de maniobras bursátiles. Es cierto que en este caso las AFP´s son las víctimas, pero también es verdad que es el sistema el que permite e incluso alienta que los ahorros de los chilenos queden expuestos a las contingencias externas y a la codicia de algunos, en esta eterna lotería, que ya está pareciéndose más al “pepito paga doble”.(*) Senador del Partido Socialista por MagallanesFuente: Radio CooperativaSenador Pedro Muñoz Pide a Superintendencias Intervenir ante Aumento de Capital de EnersisEl senador Pedro Muñoz (PS), integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, exigió la intervención inmediata de las Superintendencias de Valores y Seguros y de Pensiones, con el objeto de cautelar los intereses de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones, que “se han visto afectadas por el aumento de capital anunciado por Enersis, cuyos títulos cayeron durante dos días consecutivos en la Bolsa de Santiago, sobre un 13% el jueves y un 3,6% el viernes”.Muñoz llamó la atención sobre el efecto que esta maniobra ha tenido en los cotizantes de la AFP. “La precipitación y falta de claridad respecto de las inversiones que se proyectan y los términos de la operación, ya ha ocasionado una caída del valor bursátil de la firma cercana a los US$ 2.000 que impacta gravemente en los ahorros previsionales de los chilenos”, afirmó.“Las administradoras, en su conjunto, controlaban a diciembre, aproximadamente un 13% de los títulos, por lo que esta caída accionaria implica una disminución en sus posiciones de unos US$ 300 millones que, en definitiva, son dineros que los cotizantes han perdido”, recalcó.Asimismo explicó que las pérdidas podrían seguir incrementándose, pues las AFP “se encuentran ahora en la encrucijada de tener que concurrir al aumento de capital, aportando recursos a una cartera de proyectos inciertos o ver diluida su participación en la compañía”.El senador socialista exigió la inmediata intervención de las Superintendencias de Valores y Seguros y de Pensiones, como también demandó a las propias AFP agotar las acciones legales y administrativas tendientes a impugnar esta operación y resguardar el interés de los afiliados.Además pidió “clarificar los detalles del incremento patrimonial resguardando a los accionistas minoritarios y la eventualidad que Endesa esté utilizando a la filial chilena para obtener financiamiento que hoy le resulta difícil recoger en Europa”.Fuente: El MostradorEl cuestionado legado del hermano del presidente Piñera: Las AFPDesde el 25 julio de 2007 las AFP registran pérdidas por más de 6 mil millones de dólares.El sistema de AFP, creado en plena dictadura militar en febrero de 1979 bajo el DL 2448 , hoy en día está siendo más que cuestionado. Miles de trabajadores chilenos ven, impotentemente, cómo los ahorros de toda su vida se transan en el mercado bursátil internacional con la promesa de aumentar su renta al momento de jubilar. Pero ¿Qué ocurre cuando una gran crisis financiera amenaza con colapsar el sistema económico mundial?Los resultados negativos saltan a la vista. Según analiza Manuel Riesco, del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), la evolución positiva de la bolsa internacional es el escenario menos probable, porque responde a ciclos seculares. Según el especialista, este periodo está en picada, pues “caben pocas dudas que lo más probable es que lo peor de la caída todavía está por venir, y que faltan muchos años antes que se inicie la ansiada e inevitable recuperación secular”.El escenario es aún más complejo para Riesco, quien se refiere a la ilusión de rentabilidad prometida por las AFP chilenas, señalando que “esa es una gran ilusión, originada en el hecho que el sistema de AFP nació, justamente, cuando el ciclo secular topaba fondo a principios de los años 1980. Esto nos lleva a pensar que lo más probable es que reanuden las fuertes pérdidas exhibidas el 2008, cuando perdieron más del 60 por ciento de todo lo ganado en las tres décadas precedentes”.Este escenario económico plantea fuertes dudas sobre el legado que el ex Ministro del Trabajo de Pinochet, José Piñera, hermano del multimillonario presidente de Chile, Sebastián Piñera Echenique, dejó al pueblo chileno.Con ésto, la teoría económica de la escuela de Chicago, academia madre de los hermanos Piñera, deja en evidencia su exclusiva preocupación por defender los intereses económicos de la clase dominante, a costa del trabajo de cientos de miles de chilenos y chilenas. Pero ¿Por qué se permitió que existiese un sistema previsional tan irresponsable, donde los ahorros de los trabajadores pasan a ser mercancía transable en un mercado internacional que históricamente ha sido inestable?La respuesta la encontramos en las mismas palabras de José Piñera, quien en su libro “El cascabel del gato”, responde:“Un Gobierno militar podía dictar el DL 2448. ¿Podría un gobierno democrático mantener estas normas bajo presión de los grupos de interés que, necesariamente, surgen alrededor de un sistema en que los beneficios no tienen equivalencia con los aportes?”. A buen entendedor pocas palabras. Los intereses de la mayoría eran perjudiciales, ya que una minoría empresarial necesitaba acumular capital para poder realizar sus negocios libremente.El escenario actualLa alternativa es esperar sentados, rogando a que las bolsas no colapsen para no perder los fondos, que en algunos casos, ocurre con más de la mitad de los ahorros previsionales recaudados durante décadas. Algunos expertos en economía han salido al paso ante esta situación, haciendo un energético llamado para que los chilenos se  trasladaren a fondos menos riesgosos.Es así como el economista de la Universidadde Chile, Alejandro Fernández, recalcó que “la decisión de cambiarse de los fondos A o B, a fondos D o E, es una decisión que debió haberse tomado hace un par de meses.  Pero considerando los riesgos que se vislumbran en el escenario internacional, posiblemente no sería una mala idea hacerlo ahora, a pesar de que se ha incurrido en pérdidas importantes”, expresó en entrevista con Radio Cooperativa.Para la memoria.Hace algunos años, la derecha pinochetista de Renovación Nacional (RN) sugirió, de una manera más que jocosa, sus intenciones de postular para el Premio Nóbel de Economía al hermano del presidente, José Piñera: Es como si a Osama Bin Laden se le entregase el Premio Nobel de la Paz.

Fuente: Nueva Agenda

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ASESINATOS DE MUJERES EN CIUDAD JUÁREZ. El riesgo de ser mujer.

 

Es tal vez el affaire más abominable de la historia criminal de todos los tiempos. En Ciudad Juárez, ciudad fronteriza al norte de México, frente a El Paso, en Texas, más de 300 mujeres han sido asesinadas de acuerdo a un ritual inmutable: secuestro, tortura, crueldades sexuales, mutilaciones, estrangulamiento. Desde hace diez años, a un ritmo promedio de dos cadáveres mensuales, se descubren en los suburbios de la ciudad maldita cuerpos de mujeres, adolescentes y niñas- desnudos, lastimados, desfigurados-. Los investigadores más serios piensan que se trata de la acción de dos "asesinos e serie", psicópatas, que siguen sin ser hallados. 

Uno de los relatos más aterradores de la literatura contemporánea cuenta la historia de un vampiro que, en un campo de concentración, desangra uno tras otro a sus compañeros de infortunio. Esta horrorosa ficción se titula De entre los muertos y sus autores, Gadner Dozois y Jack Dann, pelearon duro para publicarla en Estados Unidos en 1982, porque ninguna revista de ciencia ficción se atrevía a ofrecérsela a sus lectores. Era de una imaginación demasiado malsana y excesivamente atroz.

Si este relato de vampiros nos resulta chocante es, sin duda, porque vivimos en un mundo más o menos normal donde tales horrores no suceden con frecuencia. En cambio la historia nos parecería banal si viviéramos en un mundo donde se aceptaran los peores crímenes como por ejemplo, secuestrar, violar, torturar, matar. Un mundo donde los policías protegieran a los asesinos, fueran sus cómplices, festejaran el acusar a inocentes y amenazaran, e incluso eliminaran a cualquier investigador. Un mundo al revés, donde las autoridades cerraran los ojos, los criminales estuvieran libres y los inocentes martirizados. En resumen, una pesadilla. Salvo por un detalle: ese mundo de horror existe verdaderamente y forma parte de la realidad de México. Y es tan verdadero como las víctimas, las pruebas y los testimonios que he acumulado durante muchos años.

La escena de uno de los misterios criminales más pasmosos de todos los tiempos se llama Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua, junto a la frontera con Estados Unidos. Su población, de 1.300.000 habitantes, es rehén de asesinos sin rostro. Lo que allí ocurre es un insulto a los derechos humanos. Más de 300 mujeres han sido secuestradas, violadas y asesinadas desde 1993. La mayoría de ellas tenía características comunes: al menos un centenar provenía de un ambiente pobre, casi todas eran obreras, todas eran menudas, morenas y tenían cabello largo. Gran parte de ellas no pudieron ser identificadas, todas fueron víctimas de violencia sexual y, sin ninguna excepción, murieron estranguladas.

Algunos cadáveres fueron encontrados en barrios del centro de la ciudad, otros descubiertos en terrenos baldíos de los suburbios, pero hay un dato seguro: todas fueron asesinadas en otro lugar, después de haber estado secuestradas durante semanas. El modus operando de los asesinatos es idéntico al de los asesinos en serie. Los homicidios se repiten y se parecen; las crueldades son las mismas y afectan no solo a mujeres adultas sino también a adolescentes, e incluso a niñas de apenas 10 o 12 años.

Para las mujeres, Ciudad Juárez se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo. En ningún lado, ni siquiera en Estados Unidos donde los serial killer son legión, las mujeres están tan amenazadas. En el resto de México, de cada diez víctimas de asesinato sólo una es mujer. En Ciudad Juárez, de cada diez personas asesinadas cuatro son mujeres… Y no parece que la serie de crímenes vaya a detenerse porque, según las Naciones Unidas, la tasa de impunidad en México es casi total.

Solo existe un arma para combatir semejante flagelo: la memoria, el testimonio. Nunca me he sentido tan trastornado como al acudir a los lugares donde se descubrieron los cadáveres. Era como una cuarta dimensión, una sensación de espanto a mitad de camino entre la realidad y la alucinación.

Esther Chávez Cano, directora de una asociación contra la violencia doméstica, piensa que los asesinatos van a seguir, ya que la incompetencia de las autoridades es evidente. Sin embargo, la policía detuvo a un individuo cuyo nombre es Jesús Manuel Guardado, alias "El Tolteca", así como a la banda de "Los Choferes", acusados de ser los asesinos. Pero estas detenciones no han modificado la convicción de Chávez: "Es un señuelo. No cambia en nada la situación, los crímenes van a continuar, como después de la detención de la banda de "Los Rebeldes". En ese momento nos dijeron que los asesinos eran ellos. Y creímos que habíamos terminado con la pesadilla. Pero vea, seguimos encontrando cadáveres de mujeres violadas, torturadas…"

Según Chávez, esta situación s una repetición de la de 1995, cuando la policía detuvo a un químico de origen egipcio, Abdel Latif Sharif Sharif, acusándolo de los crímenes. Poco después capturó a una banda de jóvenes granujas, "Los Rebeldes", supuestos cómplices de Sharif Sharif.

Sharif Sharif sigue detenido en el pabellón de aislamiento de la prisión de alta seguridad de Chihuahua, la capital del Estado. Acusado de asesinar a una adolescente, Elisabeth Castro García, Fue condenado a treinta años de reclusión al término de un proceso lleno de irregularidades y en vías de revisión. En cuanto a sus vínculos con "Los Rebeldes", las autoridades no llegaron a establecerlos nunca.

En 1999, utilizando el teléfono de la prisión, Sharif Sharif se arriesgó a interpelar al procurador general que participaba, en directo, en un programa de televisión. Clamó su inocencia, afirmó su certidumbre de no ser más que un "chivo expiatorio" y colocó al procurador ante el desafío de someterlo al detector de mentiras. Furiosas, las autoridades incomunicaron al egipcio. Su abogada, Irene Blanco, fue amenazada de muerte, pero no se dejó intimidar. Su hijo, Eduardo, fue objeto de un atentado y sobrevivió por milagro. Blanco debió abandonar la defensa de Sharif Sharif y se fue de la ciudad…

Según el criminólogo Oscar Máynez, al menos 60 asesinatos cometidos entre 1993 y 1999 fueron concebidos "según el mismo modelo". Considera que se trata de asesinatos perpetrados por dos "asesinos en serie" diferentes. En 1998, el célebre super-detective estadounidense Robert K. Ressler, as del FBI, inventor de la expresión "serial killer" y de la técnica del "perfilado" de los asesinos en serie, y consejero experto de la película El silencio de los corderos de Jonathan Demme, fue a Ciudad Juárez para investigar esos 300 crímenes. En su informe Ressler afirma que la mayoría de los asesinatos de mujeres es obra de dos serial killer que, según él, no serían mexicanos sino, más probablemente, españoles… o chicanos de Estados Unidos. En 1999, una de las más grandes expertas mundiales en criminología, Candice Skrapec, de la Universidad de California, coincidió en que alrededor de 90 asesinatos seguramente habían sido cometidos por uno o dos asesinos en serie. Pensaba que uno de los autores podía ser Ángel Matutino Resendez, el famoso "asesino de ferrocarriles" 

¿Por qué los cadáveres son desfigurados y mutilados? ¿Por qué un tal ensañamiento con las víctimas, un sadismo tan bárbaro? ¿Se trata de rituales satánicos? ¿De orgías perversas de narcotraficantes? ¿De vendedores de órganos? ¿De sacrificios humanos para el rodaje de filmes-realidad (snuff movies) en los cuales la víctima es violada, torturada y asesinada ante la cámara? Las preguntas se suceden hasta el infinito sin que ninguna investigación seria pueda darles respuesta. Diversos testimonios indican que los asesinos habrían estado protegidos, en un primer momento, por los policías de Chihuahua. Luego se habrían beneficiado del apoyo de algunos ámbitos de poder vinculados con el tráfico de drogas.

A finales de 1999 se encontraron cadáveres de mujeres y niñas cerca de ranchos pertenecientes a traficantes de cocaína. Esta coincidencia parece establecer un vínculo entre los homicidas y la mafia de los traficantes, a su vez relacionada con la policía y los militares. Pero las autoridades se niegan a orientar la investigación por esa vía.

LA Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) ha emitido desde 1998 recomendaciones sobre estos centenares de asesinatos de mujeres, a los cuales el Estado ha prestado poca atención. Entre los sospechosos se reitera un nombre, el de Alejandro Máynez, quien habría formado parte de una banda de criminales, encubridores y traficantes de drogas y de joyas, y que también sería miembro de una rica familia propietaria de locales nocturnos. Nunca ha sido importunado.

Máynez, lo mismo que otros sospechosos, estaba entre 1992 y 1998 bajo la protección del gobernador del Estado de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, del Partido Acción Nacional (PAN). Durante su mandato, los asesinatos de mujeres se multiplicaron y se agregaron a la violencia habitual de este Estado, el más violento de México. En esa época, Bario Terrazas declaró que esos asesinatos no tenían nada de sorprendente porque las víctimas se paseaban por lugares oscuros y llevaban minifaldas u otras ropas provocativas. A pesar de eso, el presidente Fox, elegido para esa función en diciembre de 2000 como candidato del PAN, nombró a Barrio Terrazas en el Ministerio de la Función Pública del control de cuentas, cuya misión es "combatir la corrupción y hacer transparente la gestión de la administración pública". 

Ciudad Juárez se caracteriza por sus numerosas fábricas "maquiladoras", donde mano de obra barata ensambla productos destinados a la exportación. Esta mano de obra, que proviene principalmente del interior del país, está compuesta sobre todo de mujeres. Son ellas las que permiten vivir a las familias, algo que perturba las tradiciones machistas y patriarcales. Sumergiéndose en el trabajo, las mujeres tratan de evadirse de la pobreza.

La mayoría de las víctimas eran obreras, y fueron sorprendidas mientras iban a su trabajo o retornaban a su casa. En los suburbios, las esperaban bandas de delincuentes y toxicómanos. Desde los años veinte, la ciudad registra un incremento en las distracciones nocturnas y en el turismo. Aquí fue donde se creó, en 1942, el famoso cóctel "margarita". Las inmediaciones del viejo puente internacional están enteramente dedicadas al placer: juegos, sexo y alcohol. Esta atmósfera, donde los altavoces de los automóviles aúllan canciones estadounidenses que se mezclan con el rock heavy metal, el rap o la música tecno, alienta el consumo de estupefacientes. Y al parecer esto empuja al crimen. Pues la ola de homicidios ha generado una suerte de emulación misógina y ha transformado esas matanzas esporádicas en una verdadera obsesión criminal: individuos que acechan en la oscuridad y cometen asesinatos por un puro deseo de imitación. Es el reino de los brutos, los perversos, los psicópatas. Muchos jóvenes "machos" creen que la violencia contra las mujeres es un deber. Merodean en auto durante la noche, en busca de una presa.

Hester van Nierop, una estudiante holandesa de 18 años, fue secuestrada el 20 de septiembre de 1998. Doce horas más tarde se encontró su cadáver bajo la cama de una habitación del hotel Plaza. Había sido violada, torturada y estrangulada.

Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años y madre de dos niños, desapareció el 14 de febrero de 2001 al salir de la fábrica. Su cadáver fue encontrado siete días más tarde en un terreno baldío frente al centro comercial Plaza Juárez. Estaba semidesnuda y envuelta en una manta. La autopsia reveló que la adolescente había sido asesinada el 19 de febrero. Antes de ser estrangulada había sido violada, torturada y mutilada durante cinco días…

Violeta Mabel Alvidrez Barrio, de 18 años, fue secuestrada el 4 de febrero de 2003. Su cadáver se encontró, junto con el de otras dos adolescentes de 16 y 17 años, quince días después. Pero su muerte se remontaba sólo a tres o cuatro días, lo que quiere decir que había estado a merced de verdugos sádicos y psicópatas durante más de diez días.

El procurador de la República considera que todos estos homicidios son delitos comunes o vinculados, tal vez, con el tráfico de órganos. Hace dos años, un diputado de Ciudad Juárez me confió, preocupado: "No me sorprendería que el gobernador haya dado a un grupo de la policía judicial la orden de que se encarguen de ocultar estos asesinatos de mujeres". Hacía alusión al actual gobernador, Patricio Martínez, del Partido revolucionario Institucional (PRI) quien, en enero de 2001, había sido él mismo víctima de un atentado, y había acusado a la mafia local. La mujer que trató de matarlo era ex funcionaria de la policía judicial.

María Sáenz del Comité de Chihuahua Pro Derechos Humanos, me hizo la siguiente observación: antes de 2001, siempre se ubicaban los cadáveres de las víctimas violadas y estranguladas, pero desde que se multiplicaron las investigaciones los cuerpos desaparecen pura y simplemente. Las asociaciones han registrado cerca de 500 desaparecidas, mientras que los cadáveres encontrados superan apenas los 300.

Hacer desaparecer los cuerpos de las mujeres asesinadas se ha vuelto una especialidad de la mafia local. El procedimiento usual se denomina "lechada": un líquido corrosivo, compuesto de cal viva y de ácidos, disuelve rápidamente la carne y los huesos sin dejar la menor huella. "Ninguna huella", tal es la consigna secreta. Reducir a nada, borrar, suprimir, son las palabras claves.

Los cuerpos desnudos de tres mujeres jóvenes fueron descubiertos el 6 de noviembre de 2001 en un campo de algodón en la periferia de la ciudad. Una de ellas era menor de edad, tenía las manos atadas en la espalda y había sido degollada. La día siguiente, al ampliar la búsqueda, se descubrieron otras cinco víctimas. Urgida de encontrar culpables, la policía de Chihuahua detuvo a dos individuos que, bajo tortura, confesaron ser los culpables de ocho crímenes. El procurador, Arturo González Rascón, Anunció que el asunto estaba resuelto. Sin que se llevara a cabo ninguna investigación real, sometió a los inculpados a un procedimiento penal. El 14 de noviembre, despreciando todas las reglas del derecho y bajo la presión de la calle, un juez cómplice de las autoridades locales emitió un mandato de prisión. Entre el descubrimiento de los cadáveres y el acto judicial apenas había transcurrido una semana. Durante ese tiempo los verdaderos culpables seguían en libertad.

Así, la serie negra continuó. Ese mismo día 14 de noviembre, fueron encontrados otros dos cadáveres de jóvenes: uno en el Motel Royal, el otro en el pueblo de Guerrero. Cinco días más tarde se descubrían en los suburbios de la ciudad el cuerpo semidesnudo de otra mujer de 21 años, Alma Nelly Osorio Bejarano, torturada y estrangulada.

No existe ningún registro que permita establecer un archivo de los cientos de crímenes de mujeres cometidos en Ciudad Juárez. Las autoridades tienen la costumbre de abandonar muy rápidamente las investigaciones: algo de más de tres meses después del descubrimiento de los cadáveres de las 8 mujeres en un campo de algodón, algunos paseantes encontraron vestimentas y objetos pertenecientes a las víctimas, lo que revela el increíble descaro de los policías. El gobernador Patricio Martínez deploró la inacción de su antecesor Francisco Barrio Terrazas, que sólo dejó "bolsas de huesos" y "algún expediente sobre los asesinatos". ¿Pero acaso él hizo algo mejor?

Las autoridades pretenden que entre 1992 y 1998 fueron "resueltos" doce casos de "asesinatos en serie de mujeres" y 99 casos de 2crímenes comunes" (pasionales, sexuales, familiares, venganza y arreglo de cuentas, vinculados al tráfico de drogas, cometidos en ocasión de robos, de riñas, o por motivos desconocidos). Entre octubre de 1998 y febrero de 2002 se cometieron 20 "asesinatos en serie de mujeres" y 71 "asesinatos comunes". De los primeros, 15 estarían prácticamente resueltos" y 5 están en curso de investigación: de los segundos, 53 habrían sido "elucidados" y 18 "están a punto de serlo". 

¿Pero son creíbles las autoridades? Es preciso recordar que las expresiones "asesinatos resueltos" o "en vías de resolución" son engaños pues sólo se trata de interpelaciones a personas "investigadas". La estrategia de los distintos gobernadores para "resolver" los asesinatos en serie de mujeres en Ciudad Juárez ha llevado a un conjunto de manipulaciones y disimulos consistentes en inculpar a inocentes, como ocurrió con los dos acusados de los 8 asesinados del 6 de noviembre de 2001.

Otro método utilizado por las autoridades es hacer asesinar a quienes se hacen cargo de la defensa de los falsos culpables. El abogado Mario César Escobedo Anaya fue asesinado por un comando que admitió los hechos y, sin embargo, fue liberado con el pretexto de que "defendía" a agentes de la policía judicial del Estado de Chihuahua, cuyo jefe, el comandante Alejandro Castro Valles, tenía la costumbre de detener sin mandato judicial y de torturar inocentes.

Abogados, jueces, procuradores y periodistas recibieron amenazas de muerte para disuadirlos de proseguir sus investigaciones sobre los homicidios de mujeres. Algunos opositores al gobernador Patricio Martínez también fueron amenazados con el fin de acabar con sus protestas: las militantes Esther Chávez Cano y Victoria Caraveo, y el criminólogo Oscar Máynez.

En los asesinatos en serie de Ciudad Juárez se mezclan la atmósfera turbia de la frontera y sus miles de migrantes, las maquiladoras, el quebranto de las instituciones, y también la violencia patriarcal, la desigualdad, la negligencia del gobierno federal, etc. Pero, por encima de todo, este tenebroso asunto revela el gran poder de los narcotraficantes y la solidez de sus redes de influencia. Los vínculos entre el ambiente criminal y los poderes económico y político constituyen una amenaza para todo México.

Los documentos y los testimonios de que dispongo son demoledores para las autoridades. Prueban que algunos homicidios de mujeres fueron cometidos, durante orgías sexuales, por uno o varios grupos de individuos, entre los cuales hay asesinos protegidos por funcionarios de los diferentes cuerpos policiales, en complicidad con personas en posiciones importantes. Estas personas se encuentran a la cabeza de fortunas adquiridas con gran frecuencia de manera ilegal, gracias a la droga y el contrabando, cuya red de influencia se extiende como un pulpo para todo el país. Por eso estos crímenes odiosos gozan de semejante impunidad.

Según fuentes federales, seis grandes empresarios de El Paso, de Texas, de Ciudad Juárez y de Tijuana comandarían a sicarios encargados de secuestrar mujeres y de llevárselas para violarlas, mutilarlas y matarlas. El perfil criminológico de esos asesinatos se acercarían a lo que Robert K. Ressler llamó "asesinatos por diversión" (spree murders). Las autoridades mexicanas estarían enteradas desde hace tiempo de estas actividades y se habrían negado a intervenir. Estos ricos empresarios estarían cerca de algunos amigos del presidente Vicente Fox y habrían contribuido al financiamiento oculto de la campaña electoral que le permitió a Fox ser elegido presidente, y a Francisco Barrio Terrazas, ex gobernador de Chihuahua, llegar a ser ministro. Esto explicaría por qué ningún culpable verdadero ha sido hostigado nunca por esos 300 asesinatos en serie.

Y los homicidios continúan. En este mismo instante, una mujer puede estar a punto de morir torturada en Ciudad Juárez.

Fuente: Sergio Gónzalez Rodríguez
Le Monde Diplomatique edición española
 

Crímenes de la dictadura:

Operación Albania.

ALVARO Corbalán, el verdugo de la CNI

Los mataron entre otoño e invierno, en la calle y en la oscuridad de una casa vacía. Cuando algunos pensaban que la perversidad de los asesinatos de Lonquén, los eternos desaparecimientos y el degollamiento de opositores no podrían ser igualados en horror, la dictadura organizó la Operación Albania, que realizó la masacre de Corpus Christi, en junio de 1987, donde fueron asesinados doce combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Allí se conjugaron todos los elementos que hicieron de la dictadura el epítome de la crueldad: el terror, la violencia, la tortura, la mentira, la traición. Hoy, a 17 años de dicha matanza, por fin se vislumbra en el horizonte judicial un atisbo de justicia, toda vez que el proceso sustentado por el ministro en visita Hugo Dolmestch, se acerca a su fase final. Veintiséis agentes de los aparatos represivos de la dictadura enfrentan, por primera vez en casi dos décadas, la posibilidad cierta de ir a prisión. Y lo hacen como los cobardes, delatando y mintiendo, culpándose unos a otros para salvarse de su seguro sino. Es que hace rato ya se rompió aquel singular pacto de silencio que suscribieran algún día en el oscuro mundo de la guerra sucia, cuando se creían amos y señores de Chile y los chilenos.
En declaración judicial que data de octubre de 2000, Alvaro Corbalán, el jefe operativo de la matanza y jefe del cuartel Borgoño de la CNI, explicita su participación en dicha acción y lo hace, según él, debido a que algunos agentes han admitido participación en la operación y que ha “creído conveniente por lealtad a ese personal, también asumir como jefe la responsabilidad que pudiere corresponderme conforme a lo que explicaré para establecer también, de acuerdo al grado jerárquico, la responsabilidad de quien dispuso la orden que involucró la muerte de siete terroristas detenidos en el cuartel Borgoño”.

ORDEN DE SALAS WENZEL

Esta declaración y actitud asumida por Corbalán no implica grado de nobleza alguno para con sus subordinados, menos aún significa un deseo de colaborar con la justicia. Simplemente se trata de un ajuste de cuentas entre miembros de los organismos de seguridad que, de alguna manera, se sienten abandonados por sus mandos superiores, aquellos que dieron las órdenes y que hoy esconden la cara para salvarse de ser procesados. Concretamente, Corbalán involucra al general Hugo Salas Wenzel, director de la CNI, quien hasta el día de hoy niega participación en el artero asesinato de los rodriguistas. Sin embargo, Alvaro Corbalán señala inequívocamente que al consultarle al general Salas si los siete detenidos aún con vida en el cuartel Borgoño debían ser entregados a Carabineros, a Investigaciones o a los tribunales, Salas manifestó que “ninguna de esas posibilidades cabía con respecto a aquellos que resultaran ser importantes dentro del Frente Manuel Rodríguez y que, por lo tanto, había que eliminarlos”.
Esto es refrendado por Iván Quiroz, capitán (r) de Carabineros y segundo comandante del cuartel Borgoño, quien declaró, en la fase probatoria del juicio, que “estaba en la oficina de don Alvaro en ese momento, y escuché cuando él preguntó al general Salas si la orden se podía postergar para seguir investigando a los detenidos”. La respuesta de Salas fue que los frentistas debían ser eliminados y, por lo tanto, Corbalán le dio la orden a Quiroz para que se llevara a cabo la misión encomendada por el director de la CNI.
Pero no es todo, las acusaciones y contraacusaciones prosiguen entre los agentes de la CNI, porque el general Salas sostiene que todo fue planificado y dirigido por Corbalán y que él jamás dio la orden de matar a nadie. Por su parte, Alvaro Corbalán manifiesta que no sólo Salas conocía de la operación, sino también el brigadier general (r) Humberto Leiva, subdirector de la CNI -quien no está procesado- “estaba al tanto de todos los detalles del operativo”. Quien sin duda sabía de la operación era el general Pinochet, puesto que el mismo día 15 de junio de 1987, cuando se inició la Operación Albania, se reunió en La Moneda con el director de la CNI. De hecho, el capitán Quiroz declaró que “la CNI y mi general Salas dependían directamente del presidente de la República, mi general Augusto Pinochet, la CNI no dependía de la Junta Militar. Mi general Salas no podía hacer nada sin consultar a mi general Pinochet”.
En todo este entramado de artilugios, mentiras y medias verdades, ha surgido lentamente la verdad de lo acaecido hace 17 años y que culminó con la matanza de doce jóvenes chilenos. Y, lo que es más importante, aquí no hay inocentes, son todos culpables: los que impartieron las órdenes y los que las ejecutaron. Es más, los nombres de los agentes procesados en este caso se repiten en todas las principales operaciones y crímenes cometidos por los aparatos represivos. Los miembros del FPMR que fueron detenidos, torturados y posteriormente trasladados a una casa en la calle Pedro Donoso, de la comuna de Recoleta, en Santiago, fueron asesinados por los oficiales de ejército Hernán Miquel, Aníbal Rodríguez, Iván Cifuentes, Rodrigo Pérez, Eric Silva y los detectives de Investigaciones Gonzalo Maas y Hugo Guzmán. En el asesinato de Julio Silva, en la Villa Olímpica de la capital participó, entre otros, el capitán de ejército Luis Arturo Sanhueza. El capitán Sanhueza, que utilizaba la chapa de Ramiro Droguett, era miembro de la Brigada Verde de la CNI, encargada de la represión contra el FPMR y el Partido Comunista, y también participó en el secuestro y ulterior asesinato de cinco jóvenes en septiembre de 1987, en venganza por el secuestro del coronel Carlos Carreño.
Le conocí en medio de la bruma, la balacera y los gritos, cuando comandaba el dispositivo de la CNI que mató y torturó a muchos chilenos y chilenas. Era más bien bajo, grueso y de mirada profunda. Actuaba calmadamente, de manera fría y calculadora, sabiéndose con todo el poder que dan las armas y toda la fuerza de la dictadura a su disposición. “Esto es guerra, me dijo tranquilamente rodeado de más de diez de sus hombres. Si no cooperas, hay otros métodos para hacerte hablar”. Y luego la tortura, los golpes, la electricidad, las amenazas de muerte. Uno de los agentes dijo sarcásticamente: “¡Te salvaste en junio!”, en clara alusión a la Operación Albania. “Tuviste suerte, pero se te acabó ahora”. En esos momentos no sabía quién era Sanhueza, ni de sus crímenes, ni de su crueldad. Lo supe después, y allí, de repente, todas las atrocidades cometidas por la CNI tuvieron rostro, voz y manos.
En ese momento supe lo que habían sentido los hermanos rodriguistas cuando fueron ejecutados a sangre fría por el capitán Sanhueza y más de una cincuentena de agentes. Porque en el caso de la calle Pedro Donoso no hubo enfrentamiento, como lo informaron los medios de comunicación controlados por la dictadura, sino que un burdo montaje para encubrir un crimen atroz.
Ello siempre se supo, ratificado ahora por las declaraciones de los propios agentes participantes en la masacre de Corpus Christi. El capitán de Carabineros, Iván Quiroz, recuerda nítidamente el montaje, porque estaba presente cuando “se ordenó que se fuera a buscar armas distintas a las de servicio de la CNI para montar un enfrentamiento, y así presentarlo”. Y la orden la dio Alvaro Corbalán, quien también ordenó que se ejecutara a los siete integrantes del FPMR que habían llevado a la casa de la calle Pedro Donoso. Así murieron, indefensos, Esther Cabrera, Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz, Manuel Valencia, Ricardo Silva, Ricardo Rivera y José Valenzuela.

CADENA DE ASESINATOS

Tampoco hubo enfrentamiento en la calle Alhué, en la comuna de Las Condes, donde fue asesinado por la espalda Ignacio Valenzuela. O en la esquina del Pasaje Moscú, en la comuna de San Miguel, donde fue acribillado Patricio Acosta y en la Villa Olímpica, donde mataron a Julio Guerra. Fueron centenares los agentes de las brigadas de la CNI, de Investigaciones y de la Unidad Antiterrorista, integrada por comandos de élite que respondía directamente a Pinochet, que participaron en los operativos los días 15 y 16 de junio de 1987.
Fueron todas cobardes ejecuciones, excepto en el caso de la calle Varas Mena, en San Miguel, donde la CNI atacó la casa donde se realizaba una escuela del Frente. Allí, cubriendo el escape de muchos de los rodriguistas, murieron combatiendo Juan Henríquez Araya y Wilson Henríquez Gallegos. Eran todos jóvenes, todos revolucionarios, todos combatientes anti dictatoriales.
Y mientras el país se estremecía con semejante horror, el general Hugo Salas Wenzel reunía a su gente en el cuartel Borgoño y, posteriormente, en un asado, para felicitarlos por la labor realizada. Así lo han declarado dos partícipes de la operación y de las enfermizas celebraciones: el detective Gonzalo Maas y el capitán Rodrigo Pérez, jefe de la Unidad Antiterrorista.
Hoy, luego de casi dos décadas y gracias al tesón de familiares y abogados de derechos humanos, como Nelson Caucoto, se ha desentrañado el entablado de mentiras montado por la CNI y ha surgido lenta, dolorosa y diáfana la verdad. Es que la preservación de la memoria histórica se abre paso a empellones, con dificultad y riesgos, a pesar del manto de olvido que la dictadura y los gobiernos de la Concertación han querido imponer. Y la memoria tiene nombre y apellido y la Operación Albania tiene nombre y apellido. Y, si bien es cierto, los agentes hoy colaboran con la investigación, ello no los exime de responsabilidad. Al contrario, deben pagar por sus crímenes, pues la verdad sin justicia significaría una afrenta a todos los caídos aquel otoño de furia

Fuente: MAURICIO BUENDIA
http://www.puntofinal.cl

El poder político tras guerra por el agua en Petorca.

Una persona necesita 400 lts. de agua al día para su consumo. En esta zona de la quinta región, el agua disponible per cápita es de 60 lts. “La sequía es como un terremoto, pero que va destruyendo día a día a las personas”, dice Gerardo Orrego, agricultor que diariamente lucha por salvar la hectárea y media de nogales que aún tiene con producción, de un total de 10 hectáreas de posee, “esto resto está perdido”.

La provincia de Petorca, en particular las comunas de La Ligua, Cabildo y 
Petorca, son comunas con una marcada vocación agrícola, y reflejo del actual modelo de producción de alimentos que existe en el país.Los ríos de la provincia de Petorca se encuentran absolutamente agotados, la presión sobre los caudales ecológicos de los ríos ha sido feroz, la demanda de agua de riego por parte de los empresarios agrícolas no ha conocido de límites, como lo hemos sostenido en otras oportunidades, en la provincia de Petorca se ha aplicado la máxima de maquiavello, “Agua a cualquier precio”, con el evidente propósito de aumentar la plusvalía de las empresas que destinan la producción de Paltas a los mercados de exportación.
Con el agua, políticos y empresarios inescrupulosos han lucrado, y en muchos casos el origen de sus fortunas radica precisamente en el carácter privado de las aguas, por ende, resulta lógico entender que no hayan querido legislar sobre esta materia, lo que es vergonzoso es que hoy nos quieran dar a entender que se encuentran preocupados por la situación, que ahora si tienen espacio en sus agendas para hablar del agua, impulsar seminarios o empujar iniciativas.

Según las declaraciones del agrónomo e integrante del Movimiento de Defensa del Acceso Agua y Tierra, Rodrigo Mundaca los efectos de la sequía se han visto incrementados por el delito de usurpación de agua, del que son responsables inescrupulosos empresarios. Entre estos estaría el ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma; el diputado del distrito 10, Eduardo Cerda (DC); Aurelio Montes; Marcelo Trivelli, entre otros.

El agua es un recurso con el que han lucrado los empresarios, la usurpación del recurso hídrico ha sido denunciada desde el 2008 cuando Pérez Yoma era ministro. La agrupación acudió dos veces a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y una comisión investigadora cuenta con todos los antecedentes que confirman los ilícitos. Sin embargo, las multas apenas consisten en el pago de 20 UTM, agregó Mundaca.

Empresarios como César Olguín, de la localidad de San Lorenzo, comuna de Cabildo, ha construido en menos de 4 días, 4 pozos de captación de agua subterránea, agua que le vende a ESVAL, y luego ESVAL se la vende a los mismos vecinos que el empresario en comento ha dejado sin agua, o sea digno de Ripley.

Diputados como Cerda, sindicado como usurpador de agua, aún apela ante la DGA para que no lo sancionen por el delito de usurpación de agua, delito informado en oficio 1997 del 14 de julio del 2011 (por la DGA) y donde se señala que en agrícola Pililén se usurpa agua desde el año 2005 en adelante.

El cuñado de Pérez Yoma, Osvaldo Jünemann, también enfrenta una denuncia por el nivel de almacenamiento de 11 micro embalses en la Agrícola Los Graneros. 

La zona, declarada zona de emergencia hídrica y donde 71% de las denuncias de extracción de aguas no autorizadas resultan ciertas, enfrenta una verdadera guerra por el agua, que involucra a reconocidos políticos y empresarios y que ha sido denunciada desde hace varios años por agricultores y pobladores.

Hasta la fecha, la Comisión de la Cámara de Diputados que debe investigar y pronunciarse sobre el tema, no ha dado ninguna respuesta. Sus integrantes, Adriana Muñoz, René Alinco, Andrea Molina,Luis Lemus, Fuad Chaín, Issa Kort, Fernando Meza, Leopoldo Pérez, Gaspar Rivas, Joaquín Tuma, Ignacio Urrutia, Gastón Von Mühlenbrock y Matías Walker aún no dan a conocer ninguna medida.

 

Fuentes: www.soychile.cl

                   www.petorcadigital.cl

                   www.mapaexpress.net

                   www.radiobiobio.cl

De la Dina al Congreso: El caso del Diputado Rosauro Martínez Labbé.

 

 

Dentro del listado de uniformados reciclados y encubiertos en el mundo político, además de los nombres históricamente conocidos por los tribunales, figuran nombres como el del controvertido actual alcalde de Providencia, Cristián  Labbé, el de Jaime García Covarrubias, asesor del Instituto de Defensa Hemisférico de Estados Unidos, y el actual diputado de Renovación Nacional por el distrito 41 de Chillán, Rosauro Martínez Labbé.

Rosauro Martínez Labbé es oficial de ejército en retiro. Con el grado de teniente fue alumno de la Escuela de las Américas, que el Pentágono de Estados Unidos mantiene en Panamá destinado a formar e instruir a los ejecutores de sus políticas de contrainsurgencia y antisubversivas en Latinoamérica. Luego de su especial preparación, se integra a la DINA. Permaneció en este organismo hasta que cambió su denominación por CNI.

Años más tarde, ya en retiro, Pinochet lo designa Alcalde deChillán; puesto en el que permaneció hasta 1992. A partir de allí, emprende su carrera política teniendo el cuidado de omitir en su currículo y en sus antecedentes su paso por el criminal aparato represivo. Es más, tampoco menciona su carrera militar y anteriormente había negado a la agencia EFE su pertenencia a la DINA. “Cursó  su enseñanza básica en el Colegio Seminario de Chillán y continuó  la secundaria en la Escuela Militar”, es toda la referencia que hace el diputado a su pasado uniformado.

Lanzado desde la alcaldía de Chillán a la carrera política, se postula y resulta electo diputado como independiente en la elección parlamentaria de 1994 por el mencionado distrito de Chillán. Luego se integra como miembro de Renovación Nacional, el partido de la actual coalición gobernante. Desde entonces, gracias a su militancia RN y al inefable sistema binominal, ha resultado reelegido por cinco períodos consecutivos.

Sin embargo, su paso por la DINA, no es el único capítulo oscuro de su trayectoria uniformada que ha mantenido oculto el diputado Martínez Labbé. También por fuentes ligadas a los familiares de las víctimas de la dictadura, Resumen ha recogido antecedentes que involucran al diputado Rosauro Martínez Labbé en la ejecución de al menos tres miembros del MIR ocurrida el 20 de septiembre del 81 en la localidad de Remeco, en Panguipulli, provincia de Valdivia.

En aquel año, Rosauro Martínez Labbé tenía el grado de capitán y comandaba una compañía de fuerzas especiales del Ejército que tenía su base en Llancahue, Valdivia. Esta compañía formó parte de las fuerzas de elite movilizadas por el alto mando del ejército y la CNI hacia la zona cordillerana de Panguipulli destinadas a aniquilar un grupo del MIR que se encontraba operando en la zona montañosa.

Durante la mañana del 20 de septiembre, la unidad que comandaba Rosauro Martínez Labbé, cercó una vivienda en Remeco Alto adonde habían llegado a pedir refugio y comida tres miristas que huían de la persecución del ejército y de las tropas especiales de la CNI. Una vez que la dueña de casa, de nombreFlora Jaramillo, y su hijo estuvieron fuera de la vivienda, y de que se hubo cerciorado que los miristas se encontraban durmiendo en el interior, Rosauro Martínez ordenó el ataque a la casa con fuego de metralla. Allí resultaron muertos Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez, José Eugenio Monsalve Sandoval y Próspero del Carmen Guzmán Torres. La casa quedó totalmente destruida, despedazada por las balas, al punto que el Ejército le instaló una nueva vivienda a la afectada mujer dueña de la casa.

Estos sucesos, ocurridos en septiembre del 81 y en que fueron muertos nueve militantes del MIR, son investigados por la Ministra Emma Díaz Yévenes, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, en su calidad de Ministra en Visita Extraordinaria para casos de violaciones a los Derechos Humanos. En la causa que esta caratulada con el Rol N° 1675-2003, la Ministra Díaz ha intentado interrogar al ex uniformado Rosauro Martínez Labbé, pero se ha encontrado con el fuero que protege a los diputados de la república y tras los refugios legales, oficios y subterfugios, que le ofrece su actual investidura, el ex oficial de ejército ha escabullido enfrentar la justicia, preserva su impunidad y se libra de todo mal.

FUENTE:http://www.elciudadano.cl/2012/04/16/51195/de-la-dina-al-congreso-el-caso-del-diputado-rosauro-martinez-labbe/

Chile será arrasado por las Transnacionales, no por los terremotos.

 

El Ministro de Minería estaba feliz cuando anunció que el incremento de las inversiones mineras proyectadas para el periodo comprendido entre el 2012 y 2018 demandará la incorporación de alrededor de 80.000 nuevos trabajadores, entre profesionales, técnicos y operarios, lo que supondrá un total de 290.000 empleos directos en la minería en el 2018.

La inversión esperada se estima en US$ 91.400 millones de dólares. Para que Ud. tenga una real dimensión de lo que significa esta cifra, les puedo decir que son suficientes para cubrir 3 veces los daños del terremoto del 27 Febrero de Chile y aún sobrarían dólares.

Fantástico, maravilloso dirá Ud., pero... ¿Porqué tanto interés en invertir en la minería de Chile?

Muy simple señor, ponga atención por favor, es gratis. Vea Ud. algunas de las  facilidades para los inversionistas.

1.- Se trata de una  “concesión plena”. La empresa explotadora es dueña absoluta del mineral, hasta su total agotamiento y es prácticamente inexpropiable, tendría que pagarse el valor de la tierra, gracias a la  astucia del Sr. José Piñera y su Ley Minera.

2.- Para producir cobre y mayor aún si se trata de oro, se necesita abundante agua, un promedio de 8 a 9 metros cúbicos por cada tonelada, en el caso del cobre fino, la cual será gratuita. Se puede encontrar fácilmente en pozos cordilleranos subterráneos, cercanos a los yacimientos. La Ley Minera, dice, “Artículo 110.- El titular de concesión minera tiene, por el solo ministerio de la ley, el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en las labores de su concesión, en la medida en que tales aguas sean necesarias para los trabajos de exploración, de explotación y de beneficio que pueda realizar, según la especie de concesión de que se trate. Estos derechos son inseparables de la concesión minera y se extinguirán con ésta.” 

3.-  La “depreciación acelerada”, es otra “ayudita”, es decir, Ud., puede internar toda la maquinaria que desee y divide el tiempo real de uso en 3, es decir, si un camión minero dura normalmente 15 años, debe amortizarse en 15 años, ahora lo pueden amortizar en 5 años, lo que aumenta el cargo a gastos, deduciendo obviamente las utilidades.

4.- No se moleste en agregar valor al producto, porque puede fundir y refinar el mineral que quiera en su país o en cualquier país del extranjero que le plazca.

5.- El servicio de Impuestos Internos no tiene un departamento altamente especializado, pese a que somos un país minero, para revisar los precios de transferencia entre empresas relacionadas. Difícilmente revisarán la contabilidad y pueden cargar a gastos lo que se les ocurra, los viajes al extranjero,  las boletas, facturas, documentos, contratos, menos si están en inglés. Ud puede deducir de impuestos el flete del transporte y los costos de fundición, entre otros gastos asociados, rebajándolos por supuesto de los impuestos.

6.- Si la empresa se lleva el cobre como concentrado lo embarca como tal y dentro del concentrado se  llevan el  oro, plata, níquel, molibdeno y el azufre. Todo gratis, la Polar es una alpargata al lado de este negocio.

7.- La sindicalización en Chile es de apenas el 12 % del mundo laboral, casi el más bajo del continente y si Ud., tiene problemas con los sindicatos y las huelgas, tenemos el “GOPE” el Grupo de Operaciones Especiales de carabineros que demuele a palos, bombas y agua a cualquier dirigente que se pare en las hilachas.

8.- Chile es un paraíso tributario para las grandes transnacionales del cobre. Las reglas del nuevo “IEM”, Impuesto Específico a la Minería que rige hasta el 2023, eleva la tasa actual que pagan las mineras de 4 ó 5% a una de 4 a 9%. Eso, entre 2010 y 2012. Luego, en 2013, se vuelve al esquema inicial, para elevar nuevamente la tasa a contar de 2018 y hasta 2023. Eso, en un rango de 5 a 14%, según el margen operacional de la compañía. Como incentivo, la ley define una invariabilidad tributaria que se extiende hasta el año 2023. Es fantástico, ni el narcotráfico tiene estas facilidades.

9.- Tenemos una amplia gama de juristas como el ex -presidente de la Corte Suprema, Juan Colombo, ex -Presidente del Tribunal constitucional, José Luis Cea Egaña, ex -Presidente del Tribunal Constitucional, Enrique Silva Cimma, ex -contralor General de la República, Enrique Cury Urzúa, ex -Ministro de la Excma Corte Suprema, Rene Abeliuk Manasevich, profesor y tratadista de Derecho Civil, Jorge Correa Sutil, ex -Ministro del Tribunal Constitucional, Davor Harasic Y, profesor de Derecho Procesal, Juan Agustín Figueroa, ex -ministro del Tribunal Constitucional , Humberto Nogueira Alcalá, destacado constitucionalista,  Juan Carlos Marín, profesor de Derecho procesal, Lautaro Ríos ex integrante del Tribunal Constitucional, Miguel Amunátegui, ex integrante del Tribunal Constitucional y Patricio Zapata Larraín, profesor de Derecho Constitucional, que respaldan la posición de Anglo American, por lo tanto en Chile existen todas las garantías, al máximo nivel jurídico como nación, para respaldar a las transnacionales.

10.- Las transnacionales y los grande grupos chilenos cuentan con la asesoría de las principales consultoras tributarias del mundo (Ernst & Young, Price Waterhouse), y de abogados con postgrados en planificación tributaria, un área que se ha desarrollado fuertemente en los últimos diez años y cuyo principal objetivo es “optimizar la carga impositiva”.

¿Para qué  necesita Chile duplicar su capacidad eléctrica?

Para regalársela a la gran minería y a las transnacionales proporcionando una energía barata subsidiada por todos los chilenos que debemos pagar un alto costo por el consumo en los hogares para ayudar a estas “pobres empresas” que nos vienen a civilizar.

La paralización judicial del proyecto termoeléctrico Castilla a carbón,  parece ser una pequeño triunfo. No creo que dure mucho tiempo antes que se revierta la decisión de paralizar la  iniciativa ligada al empresario brasileño Eike Batista, que aportará en total 2.100 MW y partiría en 2015. Está ubicada en la Región de Atacama, centro neurálgico de las inversiones mineras que concentra un 30% de los US$ 91.400 millones que se destinarán a iniciativas en esta industria a 2020.

Entre los proyectos más grandes de la zona se destacan Pascua Lama y Cerro Casale (Barrick), Caserones (Pan Pacific Copper), Santo Domingo (Far West), Inca de Oro (Pan Aust), Lobo Marte (Kinross), San Antonio (Codelco), Relincho (Teck) y el también paralizado proyecto El Morro, de Goldcorp.

Créame señor, estas inversiones no nos sirven a los chilenos, están hechas para beneficiar  al 2 % de los más ricos y van a dejar el país como queso gruyer, lleno de hoyos. 

Los entreguistas chilenos de siempre vociferarán al cielo gritando y ¿Cómo Ud. no ve la tremenda inversión y los puestos de trabajo que se crearán?

¡Muy bien, analicemos cuanto nos costará sólo en agua estos puestos de trabajo!

El Acta Constitucional, No. 3 de 1976, cuya declaración central sería posteriormente plasmada en la Constitución Política de 1980, amplió y protegió los derechos privados respecto del agua (véase Bauer, 1995:51; Ríos Brehm/ Quiroz, 1995:10-2).  En qué medida fue adoptada la doctrina neoliberal  por los militares se puede ver en una de las declaraciones de uno de sus principales promotores, Hernán Büchi, quien era partidario de las modificaciones en el ámbito de la legislación y administración del agua: ¿Qué dijo este individuo sobre el régimen de aguas?," El sentido que tuvo la acción gubernativa en este campo fue (...) crear derechos sólidos de propiedad, no sobre el agua misma sino sobre el uso de las aguas, y facilitar por todos los medios el funcionamiento ordenado del mercado.

Tanto el Decreto Ley 2.568 de 1979, que fomenta la propiedad privada, como el Decreto con Fuerza de Ley Núm. 1.122, de 1981, que aprueba el nuevo Código de Aguas, dañan muy definitivamente las comunidades aymaras y atacameñas, promoviendo su desintegración.

Si la primera norma es fruto de la ideología neoliberal, y combate la colectivización comunal del suelo agrícola ancestral, la segunda tiene su origen en las exigencias de los agentes del mercado para darle legitimidad a la apropiación privada de uno de los recursos indígenas másvitales en las áreas desérticas, el agua.

Los monopolios y oligopolios de empresas mineras (boro, cobre, oro, azufre), empeñados en laconcesión del acceso a las cabeceras de los ríos, de manejo de aguas subterráneas, y de venta libre del bien, liberado o desligado del suelo, van afectando a la sustentabilidad de los pueblos indígenas, de manera irreversible. Una consecuencia directa es el progresivo desecamiento de las vegas y bofedales de Tarapacá y alta bacía del río Loa, que perjudica doblemente los indígenas al presionar los recursos vegetales disponibles para alimentar el ganado y quitarles el agua, fuente de vida.

El Código de Aguas de 1981 ancló tres principios innovadores en la legislación chilena: la libertad en la forma del aprovechamiento del agua; la gratuidad de la concesión de derechos (salvo excepciones); y la limitación del rol del Estado y las instituciones públicas en la regulación de los usos (Gentes, 2000). En concreto, no se identifica ningún uso antepuesto para otorgar nuevos derechos, o sea, el agua potable para consumo humano, por ejemplo, no tiene prioridad sobre el agua de riego ni para uso industrial.

En 1985, la Dirección General de Aguas concede a la Corporación del Cobre, CODELCO, el derecho de extraer las aguas de la fuente que alimentaba la Vega de Turi, situada en la hoya hidrográfica del Río Salado, afluente del Loa. La vega de Turi, (a 3.000 metros de altura), estaba entonces con una extensión de cerca de 1.500 hectáreas de riego donde alrededor de cuarenta construcciones de estancias sostenían unas 2.000 cabezas de ganado, especialmente llamas y ovejas.

Al captar las aguas en las nacientes y pozos hacia 300 metros de profundidad, en el altiplano y la precordillera, la actividad minera ha vaciado el precioso liquido justo donde fluyen los arroyos y, dado que el territorio estudiado está localizado en zona de altas presiones subtropicales, donde casi no llueve, ha comprometido la renovación de la vida.

(Las conclusiones anteriores corresponden a un estudio del  2007 de  Isabel Maria Madaleno, Instituto de Investigación Científica Tropical, Portugal, Alberto Gurovich, Universidad de Chile).

Radomiro Tomic nos legó la siguiente frase; “el cobre es la riqueza fundamental que tiene Chile para liberarse de la dependencia exterior y disponer de recursos financieros propios, de inmensa magnitud. El cobre nos permitirá acelerar nuestro desarrollo económico y social, ya que sería intolerable cualquier propósito de financiar dicho desarrollo reduciendo el difícil nivel de vida de las clases asalariadas”.

Están haciendo exactamente lo contrario.

Están entregando el país y liquidando la vida, mientras el gobierno actual no tiene ningún empacho en enviar fuerzas especiales de carabinero a reprimir la población de Aysén porque reclama por algunos metros rumas de leña más o por un mínimo en atención médica de altísimos costo para su nivel de ingresos.

Una empresa exitosa, según los expertos, obtiene utilidades antes de impuestos si bordea el 20%. En Chile, las mineras han obtenido utilidades en los últimos años por sobre el 50%. En 2010, sumaron US$14.300 millones, cifra similar a la de 2007, el mejor año de su historia y en el primer trimestre de 2011 ya registran un alza de 64,7%.  En ese cuadro se plantea que el royalty para las empresas del rubro no sólo les garantiza invariabilidad: es un regalo y puede ser cuantificado. Las empresas del rubro no hicieron sus estudios de inversión con un alto precio del cobre, una ganancia millonaria que cada día se escapa frente a nuestros ojos.

Cualquier desarrollo futuro, ya sea minero o industrial, también provocaría aumentos en la población, y por lo tanto, se necesitarían cantidades adicionales de agua. La demanda de agua potable e industrial se duplicaría como también se debe duplicar la capacidad energética del país.

 ¿Por qué creen Uds., que le están echando mano a la cuenca del Baker, con una superficie de 26.726 km2,  la segunda más extensa del país, y por la heterogeneidad y singularidad de los paisajes relacionados con los diversos cuerpos de agua que la integran, es uno de los sistemas naturales más notables de Chile? Toda esa capacidad de energía se trasladará miles de kilómetros, hacia el norte.

En Chile la utilidad está garantizada contra pérdidas, las  empresas pueden arrastrar pérdidas de manera indefinida durante años. ¿Qué implica eso? Que mientras tengan pérdidas, sobre todo durante los primeros años del proyecto, van a pagar menos impuestos hasta que extingan las pérdidas y por consecuencia, no habrá utilidades para tributar. Dan ganas de gritar ¡Viva Chile!

De acuerdo a una reciente investigación,  los principales donantes de las universidades de Chile y Católica son empresas mineras: Escondida, BHP Billiton y Los Pelambres, de los Luksic. Incluso más: el Centro de Minería de la Universidad Católica lleva el nombre del fallecido patriarca de lo Luksic.

Y el último dato. ¿saben Uds porqué no han llegado a Chile las grandes mineras chinas? Porque ellos aspiran a traer sus propios trabajadores chinos, además del capital. Pero no se extrañen de nada. En Chile todo puede suceder.

 ¿Le  dice a Ud algo eso? Intente hacer una investigación de los costos al interior de una minera y verá lo que le dicen.

 No le tema a los terremotos, témale a las transnacionales.

FUENTE: http://www.facebook.com/notes/defensadel-cobreii/chile-ser%C3%A1-arrasado-por-las-transnacionales-no-por-los-terremotos/199165830196607 

Mario Briones R.