lunes, 25 de junio de 2012


ASESINATOS DE MUJERES EN CIUDAD JUÁREZ. El riesgo de ser mujer.


 


Es tal vez el affaire más abominable de la historia criminal de todos los tiempos. En Ciudad Juárez, ciudad fronteriza al norte de México, frente a El Paso, en Texas, más de 300 mujeres han sido asesinadas de acuerdo a un ritual inmutable: secuestro, tortura, crueldades sexuales, mutilaciones, estrangulamiento. Desde hace diez años, a un ritmo promedio de dos cadáveres mensuales, se descubren en los suburbios de la ciudad maldita cuerpos de mujeres, adolescentes y niñas- desnudos, lastimados, desfigurados-. Los investigadores más serios piensan que se trata de la acción de dos "asesinos e serie", psicópatas, que siguen sin ser hallados. 

Uno de los relatos más aterradores de la literatura contemporánea cuenta la historia de un vampiro que, en un campo de concentración, desangra uno tras otro a sus compañeros de infortunio. Esta horrorosa ficción se titula De entre los muertos y sus autores, Gadner Dozois y Jack Dann, pelearon duro para publicarla en Estados Unidos en 1982, porque ninguna revista de ciencia ficción se atrevía a ofrecérsela a sus lectores. Era de una imaginación demasiado malsana y excesivamente atroz.
Si este relato de vampiros nos resulta chocante es, sin duda, porque vivimos en un mundo más o menos normal donde tales horrores no suceden con frecuencia. En cambio la historia nos parecería banal si viviéramos en un mundo donde se aceptaran los peores crímenes como por ejemplo, secuestrar, violar, torturar, matar. Un mundo donde los policías protegieran a los asesinos, fueran sus cómplices, festejaran el acusar a inocentes y amenazaran, e incluso eliminaran a cualquier investigador. Un mundo al revés, donde las autoridades cerraran los ojos, los criminales estuvieran libres y los inocentes martirizados. En resumen, una pesadilla. Salvo por un detalle: ese mundo de horror existe verdaderamente y forma parte de la realidad de México. Y es tan verdadero como las víctimas, las pruebas y los testimonios que he acumulado durante muchos años.
La escena de uno de los misterios criminales más pasmosos de todos los tiempos se llama Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua, junto a la frontera con Estados Unidos. Su población, de 1.300.000 habitantes, es rehén de asesinos sin rostro. Lo que allí ocurre es un insulto a los derechos humanos. Más de 300 mujeres han sido secuestradas, violadas y asesinadas desde 1993. La mayoría de ellas tenía características comunes: al menos un centenar provenía de un ambiente pobre, casi todas eran obreras, todas eran menudas, morenas y tenían cabello largo. Gran parte de ellas no pudieron ser identificadas, todas fueron víctimas de violencia sexual y, sin ninguna excepción, murieron estranguladas.
Algunos cadáveres fueron encontrados en barrios del centro de la ciudad, otros descubiertos en terrenos baldíos de los suburbios, pero hay un dato seguro: todas fueron asesinadas en otro lugar, después de haber estado secuestradas durante semanas. El modus operando de los asesinatos es idéntico al de los asesinos en serie. Los homicidios se repiten y se parecen; las crueldades son las mismas y afectan no solo a mujeres adultas sino también a adolescentes, e incluso a niñas de apenas 10 o 12 años.
Para las mujeres, Ciudad Juárez se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo. En ningún lado, ni siquiera en Estados Unidos donde los serial killer son legión, las mujeres están tan amenazadas. En el resto de México, de cada diez víctimas de asesinato sólo una es mujer. En Ciudad Juárez, de cada diez personas asesinadas cuatro son mujeres… Y no parece que la serie de crímenes vaya a detenerse porque, según las Naciones Unidas, la tasa de impunidad en México es casi total.
Solo existe un arma para combatir semejante flagelo: la memoria, el testimonio. Nunca me he sentido tan trastornado como al acudir a los lugares donde se descubrieron los cadáveres. Era como una cuarta dimensión, una sensación de espanto a mitad de camino entre la realidad y la alucinación.
Esther Chávez Cano, directora de una asociación contra la violencia doméstica, piensa que los asesinatos van a seguir, ya que la incompetencia de las autoridades es evidente. Sin embargo, la policía detuvo a un individuo cuyo nombre es Jesús Manuel Guardado, alias "El Tolteca", así como a la banda de "Los Choferes", acusados de ser los asesinos. Pero estas detenciones no han modificado la convicción de Chávez: "Es un señuelo. No cambia en nada la situación, los crímenes van a continuar, como después de la detención de la banda de "Los Rebeldes". En ese momento nos dijeron que los asesinos eran ellos. Y creímos que habíamos terminado con la pesadilla. Pero vea, seguimos encontrando cadáveres de mujeres violadas, torturadas…"
Según Chávez, esta situación s una repetición de la de 1995, cuando la policía detuvo a un químico de origen egipcio, Abdel Latif Sharif Sharif, acusándolo de los crímenes. Poco después capturó a una banda de jóvenes granujas, "Los Rebeldes", supuestos cómplices de Sharif Sharif.
Sharif Sharif sigue detenido en el pabellón de aislamiento de la prisión de alta seguridad de Chihuahua, la capital del Estado. Acusado de asesinar a una adolescente, Elisabeth Castro García, Fue condenado a treinta años de reclusión al término de un proceso lleno de irregularidades y en vías de revisión. En cuanto a sus vínculos con "Los Rebeldes", las autoridades no llegaron a establecerlos nunca.
En 1999, utilizando el teléfono de la prisión, Sharif Sharif se arriesgó a interpelar al procurador general que participaba, en directo, en un programa de televisión. Clamó su inocencia, afirmó su certidumbre de no ser más que un "chivo expiatorio" y colocó al procurador ante el desafío de someterlo al detector de mentiras. Furiosas, las autoridades incomunicaron al egipcio. Su abogada, Irene Blanco, fue amenazada de muerte, pero no se dejó intimidar. Su hijo, Eduardo, fue objeto de un atentado y sobrevivió por milagro. Blanco debió abandonar la defensa de Sharif Sharif y se fue de la ciudad…
Según el criminólogo Oscar Máynez, al menos 60 asesinatos cometidos entre 1993 y 1999 fueron concebidos "según el mismo modelo". Considera que se trata de asesinatos perpetrados por dos "asesinos en serie" diferentes. En 1998, el célebre super-detective estadounidense Robert K. Ressler, as del FBI, inventor de la expresión "serial killer" y de la técnica del "perfilado" de los asesinos en serie, y consejero experto de la película El silencio de los corderos de Jonathan Demme, fue a Ciudad Juárez para investigar esos 300 crímenes. En su informe Ressler afirma que la mayoría de los asesinatos de mujeres es obra de dos serial killer que, según él, no serían mexicanos sino, más probablemente, españoles… o chicanos de Estados Unidos. En 1999, una de las más grandes expertas mundiales en criminología, Candice Skrapec, de la Universidad de California, coincidió en que alrededor de 90 asesinatos seguramente habían sido cometidos por uno o dos asesinos en serie. Pensaba que uno de los autores podía ser Ángel Matutino Resendez, el famoso "asesino de ferrocarriles" 
¿Por qué los cadáveres son desfigurados y mutilados? ¿Por qué un tal ensañamiento con las víctimas, un sadismo tan bárbaro? ¿Se trata de rituales satánicos? ¿De orgías perversas de narcotraficantes? ¿De vendedores de órganos? ¿De sacrificios humanos para el rodaje de filmes-realidad (snuff movies) en los cuales la víctima es violada, torturada y asesinada ante la cámara? Las preguntas se suceden hasta el infinito sin que ninguna investigación seria pueda darles respuesta. Diversos testimonios indican que los asesinos habrían estado protegidos, en un primer momento, por los policías de Chihuahua. Luego se habrían beneficiado del apoyo de algunos ámbitos de poder vinculados con el tráfico de drogas.
A finales de 1999 se encontraron cadáveres de mujeres y niñas cerca de ranchos pertenecientes a traficantes de cocaína. Esta coincidencia parece establecer un vínculo entre los homicidas y la mafia de los traficantes, a su vez relacionada con la policía y los militares. Pero las autoridades se niegan a orientar la investigación por esa vía.
LA Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) ha emitido desde 1998 recomendaciones sobre estos centenares de asesinatos de mujeres, a los cuales el Estado ha prestado poca atención. Entre los sospechosos se reitera un nombre, el de Alejandro Máynez, quien habría formado parte de una banda de criminales, encubridores y traficantes de drogas y de joyas, y que también sería miembro de una rica familia propietaria de locales nocturnos. Nunca ha sido importunado.
Máynez, lo mismo que otros sospechosos, estaba entre 1992 y 1998 bajo la protección del gobernador del Estado de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, del Partido Acción Nacional (PAN). Durante su mandato, los asesinatos de mujeres se multiplicaron y se agregaron a la violencia habitual de este Estado, el más violento de México. En esa época, Bario Terrazas declaró que esos asesinatos no tenían nada de sorprendente porque las víctimas se paseaban por lugares oscuros y llevaban minifaldas u otras ropas provocativas. A pesar de eso, el presidente Fox, elegido para esa función en diciembre de 2000 como candidato del PAN, nombró a Barrio Terrazas en el Ministerio de la Función Pública del control de cuentas, cuya misión es "combatir la corrupción y hacer transparente la gestión de la administración pública". 
Ciudad Juárez se caracteriza por sus numerosas fábricas "maquiladoras", donde mano de obra barata ensambla productos destinados a la exportación. Esta mano de obra, que proviene principalmente del interior del país, está compuesta sobre todo de mujeres. Son ellas las que permiten vivir a las familias, algo que perturba las tradiciones machistas y patriarcales. Sumergiéndose en el trabajo, las mujeres tratan de evadirse de la pobreza.
La mayoría de las víctimas eran obreras, y fueron sorprendidas mientras iban a su trabajo o retornaban a su casa. En los suburbios, las esperaban bandas de delincuentes y toxicómanos. Desde los años veinte, la ciudad registra un incremento en las distracciones nocturnas y en el turismo. Aquí fue donde se creó, en 1942, el famoso cóctel "margarita". Las inmediaciones del viejo puente internacional están enteramente dedicadas al placer: juegos, sexo y alcohol. Esta atmósfera, donde los altavoces de los automóviles aúllan canciones estadounidenses que se mezclan con el rock heavy metal, el rap o la música tecno, alienta el consumo de estupefacientes. Y al parecer esto empuja al crimen. Pues la ola de homicidios ha generado una suerte de emulación misógina y ha transformado esas matanzas esporádicas en una verdadera obsesión criminal: individuos que acechan en la oscuridad y cometen asesinatos por un puro deseo de imitación. Es el reino de los brutos, los perversos, los psicópatas. Muchos jóvenes "machos" creen que la violencia contra las mujeres es un deber. Merodean en auto durante la noche, en busca de una presa.

Hester van Nierop, una estudiante holandesa de 18 años, fue secuestrada el 20 de septiembre de 1998. Doce horas más tarde se encontró su cadáver bajo la cama de una habitación del hotel Plaza. Había sido violada, torturada y estrangulada.
Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años y madre de dos niños, desapareció el 14 de febrero de 2001 al salir de la fábrica. Su cadáver fue encontrado siete días más tarde en un terreno baldío frente al centro comercial Plaza Juárez. Estaba semidesnuda y envuelta en una manta. La autopsia reveló que la adolescente había sido asesinada el 19 de febrero. Antes de ser estrangulada había sido violada, torturada y mutilada durante cinco días…
Violeta Mabel Alvidrez Barrio, de 18 años, fue secuestrada el 4 de febrero de 2003. Su cadáver se encontró, junto con el de otras dos adolescentes de 16 y 17 años, quince días después. Pero su muerte se remontaba sólo a tres o cuatro días, lo que quiere decir que había estado a merced de verdugos sádicos y psicópatas durante más de diez días.
El procurador de la República considera que todos estos homicidios son delitos comunes o vinculados, tal vez, con el tráfico de órganos. Hace dos años, un diputado de Ciudad Juárez me confió, preocupado: "No me sorprendería que el gobernador haya dado a un grupo de la policía judicial la orden de que se encarguen de ocultar estos asesinatos de mujeres". Hacía alusión al actual gobernador, Patricio Martínez, del Partido revolucionario Institucional (PRI) quien, en enero de 2001, había sido él mismo víctima de un atentado, y había acusado a la mafia local. La mujer que trató de matarlo era ex funcionaria de la policía judicial.
María Sáenz del Comité de Chihuahua Pro Derechos Humanos, me hizo la siguiente observación: antes de 2001, siempre se ubicaban los cadáveres de las víctimas violadas y estranguladas, pero desde que se multiplicaron las investigaciones los cuerpos desaparecen pura y simplemente. Las asociaciones han registrado cerca de 500 desaparecidas, mientras que los cadáveres encontrados superan apenas los 300.
Hacer desaparecer los cuerpos de las mujeres asesinadas se ha vuelto una especialidad de la mafia local. El procedimiento usual se denomina "lechada": un líquido corrosivo, compuesto de cal viva y de ácidos, disuelve rápidamente la carne y los huesos sin dejar la menor huella. "Ninguna huella", tal es la consigna secreta. Reducir a nada, borrar, suprimir, son las palabras claves.
Los cuerpos desnudos de tres mujeres jóvenes fueron descubiertos el 6 de noviembre de 2001 en un campo de algodón en la periferia de la ciudad. Una de ellas era menor de edad, tenía las manos atadas en la espalda y había sido degollada. La día siguiente, al ampliar la búsqueda, se descubrieron otras cinco víctimas. Urgida de encontrar culpables, la policía de Chihuahua detuvo a dos individuos que, bajo tortura, confesaron ser los culpables de ocho crímenes. El procurador, Arturo González Rascón, Anunció que el asunto estaba resuelto. Sin que se llevara a cabo ninguna investigación real, sometió a los inculpados a un procedimiento penal. El 14 de noviembre, despreciando todas las reglas del derecho y bajo la presión de la calle, un juez cómplice de las autoridades locales emitió un mandato de prisión. Entre el descubrimiento de los cadáveres y el acto judicial apenas había transcurrido una semana. Durante ese tiempo los verdaderos culpables seguían en libertad.
Así, la serie negra continuó. Ese mismo día 14 de noviembre, fueron encontrados otros dos cadáveres de jóvenes: uno en el Motel Royal, el otro en el pueblo de Guerrero. Cinco días más tarde se descubrían en los suburbios de la ciudad el cuerpo semidesnudo de otra mujer de 21 años, Alma Nelly Osorio Bejarano, torturada y estrangulada.
No existe ningún registro que permita establecer un archivo de los cientos de crímenes de mujeres cometidos en Ciudad Juárez. Las autoridades tienen la costumbre de abandonar muy rápidamente las investigaciones: algo de más de tres meses después del descubrimiento de los cadáveres de las 8 mujeres en un campo de algodón, algunos paseantes encontraron vestimentas y objetos pertenecientes a las víctimas, lo que revela el increíble descaro de los policías. El gobernador Patricio Martínez deploró la inacción de su antecesor Francisco Barrio Terrazas, que sólo dejó "bolsas de huesos" y "algún expediente sobre los asesinatos". ¿Pero acaso él hizo algo mejor?
Las autoridades pretenden que entre 1992 y 1998 fueron "resueltos" doce casos de "asesinatos en serie de mujeres" y 99 casos de 2crímenes comunes" (pasionales, sexuales, familiares, venganza y arreglo de cuentas, vinculados al tráfico de drogas, cometidos en ocasión de robos, de riñas, o por motivos desconocidos). Entre octubre de 1998 y febrero de 2002 se cometieron 20 "asesinatos en serie de mujeres" y 71 "asesinatos comunes". De los primeros, 15 estarían prácticamente resueltos" y 5 están en curso de investigación: de los segundos, 53 habrían sido "elucidados" y 18 "están a punto de serlo". 
¿Pero son creíbles las autoridades? Es preciso recordar que las expresiones "asesinatos resueltos" o "en vías de resolución" son engaños pues sólo se trata de interpelaciones a personas "investigadas". La estrategia de los distintos gobernadores para "resolver" los asesinatos en serie de mujeres en Ciudad Juárez ha llevado a un conjunto de manipulaciones y disimulos consistentes en inculpar a inocentes, como ocurrió con los dos acusados de los 8 asesinados del 6 de noviembre de 2001.
Otro método utilizado por las autoridades es hacer asesinar a quienes se hacen cargo de la defensa de los falsos culpables. El abogado Mario César Escobedo Anaya fue asesinado por un comando que admitió los hechos y, sin embargo, fue liberado con el pretexto de que "defendía" a agentes de la policía judicial del Estado de Chihuahua, cuyo jefe, el comandante Alejandro Castro Valles, tenía la costumbre de detener sin mandato judicial y de torturar inocentes.
Abogados, jueces, procuradores y periodistas recibieron amenazas de muerte para disuadirlos de proseguir sus investigaciones sobre los homicidios de mujeres. Algunos opositores al gobernador Patricio Martínez también fueron amenazados con el fin de acabar con sus protestas: las militantes Esther Chávez Cano y Victoria Caraveo, y el criminólogo Oscar Máynez.
En los asesinatos en serie de Ciudad Juárez se mezclan la atmósfera turbia de la frontera y sus miles de migrantes, las maquiladoras, el quebranto de las instituciones, y también la violencia patriarcal, la desigualdad, la negligencia del gobierno federal, etc. Pero, por encima de todo, este tenebroso asunto revela el gran poder de los narcotraficantes y la solidez de sus redes de influencia. Los vínculos entre el ambiente criminal y los poderes económico y político constituyen una amenaza para todo México.
Los documentos y los testimonios de que dispongo son demoledores para las autoridades. Prueban que algunos homicidios de mujeres fueron cometidos, durante orgías sexuales, por uno o varios grupos de individuos, entre los cuales hay asesinos protegidos por funcionarios de los diferentes cuerpos policiales, en complicidad con personas en posiciones importantes. Estas personas se encuentran a la cabeza de fortunas adquiridas con gran frecuencia de manera ilegal, gracias a la droga y el contrabando, cuya red de influencia se extiende como un pulpo para todo el país. Por eso estos crímenes odiosos gozan de semejante impunidad.
Según fuentes federales, seis grandes empresarios de El Paso, de Texas, de Ciudad Juárez y de Tijuana comandarían a sicarios encargados de secuestrar mujeres y de llevárselas para violarlas, mutilarlas y matarlas. El perfil criminológico de esos asesinatos se acercarían a lo que Robert K. Ressler llamó "asesinatos por diversión" (spree murders). Las autoridades mexicanas estarían enteradas desde hace tiempo de estas actividades y se habrían negado a intervenir. Estos ricos empresarios estarían cerca de algunos amigos del presidente Vicente Fox y habrían contribuido al financiamiento oculto de la campaña electoral que le permitió a Fox ser elegido presidente, y a Francisco Barrio Terrazas, ex gobernador de Chihuahua, llegar a ser ministro. Esto explicaría por qué ningún culpable verdadero ha sido hostigado nunca por esos 300 asesinatos en serie.
Y los homicidios continúan. En este mismo instante, una mujer puede estar a punto de morir torturada en Ciudad Juárez.

Fuente: Sergio Gónzalez Rodríguez
Le Monde Diplomatique edición española
 

viernes, 15 de junio de 2012


Crímenes de la dictadura:

Operación Albania.


ALVARO Corbalán, el verdugo de la CNI
Los mataron entre otoño e invierno, en la calle y en la oscuridad de una casa vacía. Cuando algunos pensaban que la perversidad de los asesinatos de Lonquén, los eternos desaparecimientos y el degollamiento de opositores no podrían ser igualados en horror, la dictadura organizó la Operación Albania, que realizó la masacre de Corpus Christi, en junio de 1987, donde fueron asesinados doce combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Allí se conjugaron todos los elementos que hicieron de la dictadura el epítome de la crueldad: el terror, la violencia, la tortura, la mentira, la traición. Hoy, a 17 años de dicha matanza, por fin se vislumbra en el horizonte judicial un atisbo de justicia, toda vez que el proceso sustentado por el ministro en visita Hugo Dolmestch, se acerca a su fase final. Veintiséis agentes de los aparatos represivos de la dictadura enfrentan, por primera vez en casi dos décadas, la posibilidad cierta de ir a prisión. Y lo hacen como los cobardes, delatando y mintiendo, culpándose unos a otros para salvarse de su seguro sino. Es que hace rato ya se rompió aquel singular pacto de silencio que suscribieran algún día en el oscuro mundo de la guerra sucia, cuando se creían amos y señores de Chile y los chilenos.
En declaración judicial que data de octubre de 2000, Alvaro Corbalán, el jefe operativo de la matanza y jefe del cuartel Borgoño de la CNI, explicita su participación en dicha acción y lo hace, según él, debido a que algunos agentes han admitido participación en la operación y que ha “creído conveniente por lealtad a ese personal, también asumir como jefe la responsabilidad que pudiere corresponderme conforme a lo que explicaré para establecer también, de acuerdo al grado jerárquico, la responsabilidad de quien dispuso la orden que involucró la muerte de siete terroristas detenidos en el cuartel Borgoño”.
ORDEN DE SALAS WENZEL
Esta declaración y actitud asumida por Corbalán no implica grado de nobleza alguno para con sus subordinados, menos aún significa un deseo de colaborar con la justicia. Simplemente se trata de un ajuste de cuentas entre miembros de los organismos de seguridad que, de alguna manera, se sienten abandonados por sus mandos superiores, aquellos que dieron las órdenes y que hoy esconden la cara para salvarse de ser procesados. Concretamente, Corbalán involucra al general Hugo Salas Wenzel, director de la CNI, quien hasta el día de hoy niega participación en el artero asesinato de los rodriguistas. Sin embargo, Alvaro Corbalán señala inequívocamente que al consultarle al general Salas si los siete detenidos aún con vida en el cuartel Borgoño debían ser entregados a Carabineros, a Investigaciones o a los tribunales, Salas manifestó que “ninguna de esas posibilidades cabía con respecto a aquellos que resultaran ser importantes dentro del Frente Manuel Rodríguez y que, por lo tanto, había que eliminarlos”.
Esto es refrendado por Iván Quiroz, capitán (r) de Carabineros y segundo comandante del cuartel Borgoño, quien declaró, en la fase probatoria del juicio, que “estaba en la oficina de don Alvaro en ese momento, y escuché cuando él preguntó al general Salas si la orden se podía postergar para seguir investigando a los detenidos”. La respuesta de Salas fue que los frentistas debían ser eliminados y, por lo tanto, Corbalán le dio la orden a Quiroz para que se llevara a cabo la misión encomendada por el director de la CNI.
Pero no es todo, las acusaciones y contraacusaciones prosiguen entre los agentes de la CNI, porque el general Salas sostiene que todo fue planificado y dirigido por Corbalán y que él jamás dio la orden de matar a nadie. Por su parte, Alvaro Corbalán manifiesta que no sólo Salas conocía de la operación, sino también el brigadier general (r) Humberto Leiva, subdirector de la CNI -quien no está procesado- “estaba al tanto de todos los detalles del operativo”. Quien sin duda sabía de la operación era el general Pinochet, puesto que el mismo día 15 de junio de 1987, cuando se inició la Operación Albania, se reunió en La Moneda con el director de la CNI. De hecho, el capitán Quiroz declaró que “la CNI y mi general Salas dependían directamente del presidente de la República, mi general Augusto Pinochet, la CNI no dependía de la Junta Militar. Mi general Salas no podía hacer nada sin consultar a mi general Pinochet”.
En todo este entramado de artilugios, mentiras y medias verdades, ha surgido lentamente la verdad de lo acaecido hace 17 años y que culminó con la matanza de doce jóvenes chilenos. Y, lo que es más importante, aquí no hay inocentes, son todos culpables: los que impartieron las órdenes y los que las ejecutaron. Es más, los nombres de los agentes procesados en este caso se repiten en todas las principales operaciones y crímenes cometidos por los aparatos represivos. Los miembros del FPMR que fueron detenidos, torturados y posteriormente trasladados a una casa en la calle Pedro Donoso, de la comuna de Recoleta, en Santiago, fueron asesinados por los oficiales de ejército Hernán Miquel, Aníbal Rodríguez, Iván Cifuentes, Rodrigo Pérez, Eric Silva y los detectives de Investigaciones Gonzalo Maas y Hugo Guzmán. En el asesinato de Julio Silva, en la Villa Olímpica de la capital participó, entre otros, el capitán de ejército Luis Arturo Sanhueza. El capitán Sanhueza, que utilizaba la chapa de Ramiro Droguett, era miembro de la Brigada Verde de la CNI, encargada de la represión contra el FPMR y el Partido Comunista, y también participó en el secuestro y ulterior asesinato de cinco jóvenes en septiembre de 1987, en venganza por el secuestro del coronel Carlos Carreño.
Le conocí en medio de la bruma, la balacera y los gritos, cuando comandaba el dispositivo de la CNI que mató y torturó a muchos chilenos y chilenas. Era más bien bajo, grueso y de mirada profunda. Actuaba calmadamente, de manera fría y calculadora, sabiéndose con todo el poder que dan las armas y toda la fuerza de la dictadura a su disposición. “Esto es guerra, me dijo tranquilamente rodeado de más de diez de sus hombres. Si no cooperas, hay otros métodos para hacerte hablar”. Y luego la tortura, los golpes, la electricidad, las amenazas de muerte. Uno de los agentes dijo sarcásticamente: “¡Te salvaste en junio!”, en clara alusión a la Operación Albania. “Tuviste suerte, pero se te acabó ahora”. En esos momentos no sabía quién era Sanhueza, ni de sus crímenes, ni de su crueldad. Lo supe después, y allí, de repente, todas las atrocidades cometidas por la CNI tuvieron rostro, voz y manos.
En ese momento supe lo que habían sentido los hermanos rodriguistas cuando fueron ejecutados a sangre fría por el capitán Sanhueza y más de una cincuentena de agentes. Porque en el caso de la calle Pedro Donoso no hubo enfrentamiento, como lo informaron los medios de comunicación controlados por la dictadura, sino que un burdo montaje para encubrir un crimen atroz.
Ello siempre se supo, ratificado ahora por las declaraciones de los propios agentes participantes en la masacre de Corpus Christi. El capitán de Carabineros, Iván Quiroz, recuerda nítidamente el montaje, porque estaba presente cuando “se ordenó que se fuera a buscar armas distintas a las de servicio de la CNI para montar un enfrentamiento, y así presentarlo”. Y la orden la dio Alvaro Corbalán, quien también ordenó que se ejecutara a los siete integrantes del FPMR que habían llevado a la casa de la calle Pedro Donoso. Así murieron, indefensos, Esther Cabrera, Elizabeth Escobar, Patricia Quiroz, Manuel Valencia, Ricardo Silva, Ricardo Rivera y José Valenzuela.
CADENA DE ASESINATOS
Tampoco hubo enfrentamiento en la calle Alhué, en la comuna de Las Condes, donde fue asesinado por la espalda Ignacio Valenzuela. O en la esquina del Pasaje Moscú, en la comuna de San Miguel, donde fue acribillado Patricio Acosta y en la Villa Olímpica, donde mataron a Julio Guerra. Fueron centenares los agentes de las brigadas de la CNI, de Investigaciones y de la Unidad Antiterrorista, integrada por comandos de élite que respondía directamente a Pinochet, que participaron en los operativos los días 15 y 16 de junio de 1987.
Fueron todas cobardes ejecuciones, excepto en el caso de la calle Varas Mena, en San Miguel, donde la CNI atacó la casa donde se realizaba una escuela del Frente. Allí, cubriendo el escape de muchos de los rodriguistas, murieron combatiendo Juan Henríquez Araya y Wilson Henríquez Gallegos. Eran todos jóvenes, todos revolucionarios, todos combatientes anti dictatoriales.
Y mientras el país se estremecía con semejante horror, el general Hugo Salas Wenzel reunía a su gente en el cuartel Borgoño y, posteriormente, en un asado, para felicitarlos por la labor realizada. Así lo han declarado dos partícipes de la operación y de las enfermizas celebraciones: el detective Gonzalo Maas y el capitán Rodrigo Pérez, jefe de la Unidad Antiterrorista.
Hoy, luego de casi dos décadas y gracias al tesón de familiares y abogados de derechos humanos, como Nelson Caucoto, se ha desentrañado el entablado de mentiras montado por la CNI y ha surgido lenta, dolorosa y diáfana la verdad. Es que la preservación de la memoria histórica se abre paso a empellones, con dificultad y riesgos, a pesar del manto de olvido que la dictadura y los gobiernos de la Concertación han querido imponer. Y la memoria tiene nombre y apellido y la Operación Albania tiene nombre y apellido. Y, si bien es cierto, los agentes hoy colaboran con la investigación, ello no los exime de responsabilidad. Al contrario, deben pagar por sus crímenes, pues la verdad sin justicia significaría una afrenta a todos los caídos aquel otoño de furia




Fuente: MAURICIO BUENDIA
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