Las movilizaciones del pasado miércoles 11 de enero, encabezadas por la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo), pusieron en la discusión pública el aumento injustificado de los puntajes de la Ficha de Protección Social (FPS). Sin embargo, esta no era la única bandera de lucha que sostuvieron los manifestantes ese día. El abandono de las familias damnificadas luego de que se cumplan casi dos años del pasado terremoto del 27 febrero, es -dicen los afectados- el reflejo del fracaso del Gobierno en materia de reconstrucción.
Según las cifras que maneja el Gobierno, de los 220 mil damnificados “sujetos a beneficios”, se habrían entregado 185 mil subsidios hasta agosto del año pasado. De allí hasta diciembre de 2011 -cuando se cerró el proceso de entrega de prestaciones públicas- se entregaron, supuestamente, otros 35 mil subsidios más, que juntos suman el número total de subsidios dispuestos por el Estado. Pero no hay que dejarse engañar por las cifras.
Tusy Urra, del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa (MNRJ), explicó que de las 54 mil obras iniciadas en la misma fecha del año pasado -es decir, hasta agosto-, el 55% se trata solamente de reparaciones, y respecto de las viviendas nuevas que el Gobierno anunció tras el desastre de 2011, “el nivel de avance es de alrededor de un 20% solamente”, aseguró la dirigenta. Y agregó: “Esto es un fracaso del Gobierno en materia de reconstrucción”.
En otras palabras, la asignación de los 220 mil subsidios que pretende entregar el Estado no se traduce en la misma cantidad de viviendas a construir. Algunas, como evidencian las cifras, solo serán reparadas, y las casas completamente nuevas, serán las menos. Y a esto hay que agregar que han pasado casi dos años de la tragedia.
“Las cifras que maneja el Gobierno son inestables y sobre dimensionadas, porque los datos que otorga son variables”, señaló Jorge Larenas, del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, quien agregó que a la frialdad de los números hay que agregarle -inevitablemente- la realidad, ya que aún no se ha dado una solución definitiva.
Queda, en cambio, mucho trabajo por hacer, advierte Larenas, quien ve este problema con desesperanza, pues han transcurrido dos años desde aquel episodio y aún -asegura- existen familias que podrían pasar un tercer invierno a la intemperie.
ALDEAS: EL LADO MÁS DRAMÁTICO DE LA RECONSTRUCCIÓN
En el mismo sentido, “el hecho más dramático tiene que ver con que las familias que viven en aldeas probablemente pasen un tercer invierno en las aldeas, es una consecuencia práctica y dramática”, lamentó Tusy Urra. La aldeas de reconstrucción todavía existen, y el grueso de ellas se concentra principalmente en la Región del Maule y del Bío Bío.
Nicolás Valenzuela, miembro de la Organización No Gubernamental (ONG) Reconstruye, advirtió que no hay que enfocar la reconstrucción solamente en las aldeas, pues estas representan menos del 2%, es decir, “apenas 4 mil 400 familias (…) es súper insignificante -agregó- y el resto de las 380 mil familias damnificadas no se sabe qué está pasando con ellas”.
Si bien el problema de las aldeas ya es preocupante, pues muchas familias no tienen viviendas para pasar este invierno, también es preocupante el panorama general: Las 380 mil familias damnificadas que denuncia Nicolás Valenzuela, no tienen una solución definitiva. El Gobierno solo entregó 220 mil subsidios de vivienda y los medios de comunicación dejaron esta problemática prácticamente en el olvido.
EL PROBLEMA CON LA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL
En un comunicado publicado por la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) denuncian que la Ficha de Protección social no reconoce a los damnificados como tal, por lo que no pueden postular al programa de viviendas que brinda el Estado:
“Exigimos que el Gobierno de una solución definitiva al problema social que ha generado producto de la Ficha de Protección Social, instrumento que ha llevado a que las familias afectadas se vean imposibilitadas de postular a los proyectos habitacionales, no por el puntaje (que el Ministerio dice no considerar), sino por la información que contiene la ficha, puesto que muchas familias debieron albergar a familiares luego de la catástrofe y en la actualidad se consideran según la FPS, como un solo grupo familiar impidiéndoles con ello, pese a tener sus certificados de damnificados, postular a los programas de vivienda generados a través del proceso de reconstrucción”, concluyó el declaración.
El Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa -que forma parte de la Federación Nacional de Pobladores- aseguraron que continuarán con más movilizaciones hasta que el Gobierno cumpla con la promesa que realizó y que, transcurridos casi dos años, aún no se concretan.
Por Esteban Acuña
FUENTE:El Ciudadano
uí la Iglesia tiene una responsabilidad muy grave porque es obvio, que así como ha pasado, como hemos sabido en Bélgica, en Irlanda, en Estado Unidos, en Chile hubo una actitud de impunidad, de protección, de tapar, de asfixiar las denuncias", dijo a Una Nueva Mañana, junto con hacer un llamado a declarar este tipo de casos como imprescriptibles. 
